La deportación de demandantes de asilo a Rwanda mientras se resuelven sus solicitudes, parte del plan del Gobierno conservador británico para lidiar con la inmigración, es «legal», según dictaminó ayer el Tribunal Superior de Londres.

La defensa legal de esos solicitantes había ido a los tribunales por considerar que Rwanda es un Estado autoritario que tortura y mata a quienes considera sus oponentes.

Con este fallo, el Ministerio británico de Interior gana esta batalla legal, si bien se espera que los demandantes de asilo recurran al Tribunal Supremo.

«El tribunal ha llegado a la conclusión de que es legal que el Gobierno haga arreglos para reubicar a los solicitantes de asilo en Rwanda y que sus solicitudes de asilo se determinen en Rwanda y no en Reino Unido», según el fallo judicial.

Pero el dictamen matiza que las autoridades británicas deben «considerar adecuadamente» las circunstancias de cada demandante.

El proceso comenzó después de que la exministra de Interior Priti Patel firmara en abril un polémico acuerdo con Kigali para enviar allí a los solicitantes de asilo en Gran Bretaña, un plan que no tardó en atraer demandas legales.

El primer vuelo que debía haber salido de este país el 14 de junio en dirección a Rwanda no pudo despegar por estas acciones legales presentadas por varios solicitantes de asilo, junto con otros grupos, entre ellos organizaciones que apoyan a los refugiados, como Care4Calais y Detention Action.

El Ministerio de Interior considera Rwanda «un país seguro», con un historial de apoyo a los solicitantes de asilo.

Josie Naughton, de la organización Choose Love, señaló que «el fallo destrozará familias, prolongará la persecución y pondrá en peligro a las víctimas de tortura y trauma una vez más», y sostuvo que «una nube oscura se cierne» sobre lo que «alguna vez» fue el «celebrado historial de derechos humanos de Reino Unido».

«Poco ético»

La oposición laborista calificó el dictamen de «inviable» y «poco ético». La portavoz de Interior del Laborismo, Yvette Cooper, dijo que el plan de Rwanda es una «distracción dañina de la acción urgente que el Gobierno debería tomar para perseguir a las bandas criminales y solucionar el sistema de asilo».