El pleno del Congreso peruano reconsideró ayer el proyecto de adelanto de los comicios generales para 2023, una propuesta del Ejecutivo que había rechazado inicialmente. La presidenta, Dina Boluarte, había planteado adelantar a abril de 2024 las elecciones previstas para 2026, en medio de las protestas por la destitución del expresidente Pedro Castillo que exigen comicios inmediatos y la elección de una asamblea constituyente.

La movilización que continúa en las calles, y en la que ya han muerto 26 personas y 61 han resultado heridas por la represión de las fuerzas policiales y militares, forzó luego a Boluarte a proponer que las elecciones se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de su propuesta inicial.

Pero el Congreso peruano rechazó el viernes esa propuesta. Las protestas han continuado y exigen, además, la renuncia de la propia Boluarte, que pidió al Legislativo que reconsiderara su decisión, recordando la encuesta que reveló ayer que el 85% de los peruanos aprueba el adelanto de los comicios.

Las voces por el adelanto electoral ayer ya eran mayoritarias en la Cámara y los congresistas fujimoristas y de ultraderecha subrayaron la necesidad de «mandar un mensaje de tranquilidad a la población».

Diputados izquierdistas, por su parte, exigieron que se incluya la consulta sobre una convocatoria a una asamblea constituyente, una de las principales reclamaciones de los manifestantes.

Los organismos del sistema electoral peruano reiteraron que la fecha más próxima para un nuevo proceso electoral presidencial y legislativo es diciembre del 2023, dadas las reformas necesarias, y apuntaron la posibilidad de eliminar los procesos de primarias.

La ley de adelanto electoral precisa reformas constitucionales y recortar el mandato de Boluarte y los congresistas, por lo que requiere mayorías cualificadas en el Congreso.

La presidenta, que asumió el cargo el pasado 7 de diciembre, sostuvo que el suyo es «un Gobierno de transición» y que decidió no terminar su mandato al interpretar «de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía».

Boluarte sustituyó a Castillo tras su destitución por el Congreso después de que intentara disolver el Parlamento, formar un Ejecutivo de emergencia, convocar a una asamblea constituyente y reorganizar el sistema de Justicia, con el objetivo de superar el bloqueo al que el Congreso y los tribunales habían sometido su año y medio de mandato.

Asilo a la familia de Castillo

Por otra parte, el Gobierno de México confirmó que ha otorgado asilo político a la familia de Pedro Castillo, que se encuentra e la Embajada en Lima. Detalló que está negociando con las autoridades de Perú un salvoconducto en caso de que los familiares quieran viajar a México.

Nuevo Gobierno y mandos militares a los diez días

Otro de los movimientos de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, para acallar las protestas fue la destitución de su primer ministro, Pedro Angulo, y un cambio de Gobierno, apenas diez días después de nombrarlo. Boluarte dijo que busca un Ejecutivo que conozca la parte técnica, pero que sea «un poco más político para poder enfrentar» los descontentos sociales «y tender puentes de diálogo».

También ha cambiado la cúpula militar. Nombró al general David Ojeda Parra como nuevo comandante general del Ejército, tras la renuncia de su antecesor, Walter Córdova, acusado de presunta corrupción. Más sombras proyecta el nombramiento del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el coronel retirado Juan Carlos Liendo O'Connor, que considera las protestas como «insurgencia terrorista» y definió al Ejecutivo de Castillo -del que Boluarte era vicepresidenta- como una «proyección de Sendero Luminoso». O`Connor ya trabajó en la DINI entre 1991 y 1998 cuando fue señalada por delitos de lesa humanidad durante el mandato de Alberto Fujimori y la dirección de Vladimiro Montesinos, ambos en la cárcel. También ha justificado las 26 muertes que han causado la Policía y el Ejército, asegurando que son «instigadas por el terrorismo». GARA