Hace más de medio año iniciamos las negociaciones tras más de un año sin convenio. El convenio sectorial es el marco necesario que rige las condiciones laborales, así como las relaciones entre las empresas y los trabajadores de un sector. Y es una herramienta clave para asegurar unas condiciones laborales dignas.

Somos trabajadoras de empresas privadas, pero nuestros servicios se ofrecen, primordialmente en instalaciones públicas. Recordemos, empresas contratadas y financiadas por los ayuntamientos con dinero público.

Gestión Deportiva es un sector precario, donde los salarios son bajos y donde priman las jornadas parciales. El salario tipo ronda los 1.000 euros para una jornada completa. Y es habitual que la mayoría de trabajadoras del sector sean mujeres.

Somos aquellas que hacen que las instalaciones estén limpias. Somos monitoras que preparamos las clases con dedicación en nuestras casas y tiempo libre, que habitualmente tenemos 30 minutos para terminada una clase, teletransportarnos hasta treinta kilómetros y empezar la siguiente, que en el precio de nuestra hora nos prorratean vacaciones y pagas extras. Somos el personal de accesos que atendemos con todo nuestro cariño a usuarios y usuarias. Somos socorristas que salvamos vidas y vigilamos a vuestros hijos e hijas.

Iniciamos las negociaciones con varias reivindicaciones por sindicato, y finalmente entregamos una propuesta conjunta (CCOO, ELA, LAB, UGT) dejando muchos puntos fuera y centrando la reivindicación en cuatro puntos que consideramos irrenunciables.

Dejamos fuera de las peticiones temas como la obtención de seis días de permiso retribuido al fallecer padres, madres y hermanos, o no tener límite de horas para consulta médica y diez horas para acompañar a familiares de primer y segundo grado en caso necesario. Así como que a las monitoras nos compute quince minutos por cada clase por el trabajo que realizamos en casa.

Después de varias reuniones y visto que la respuesta a casi todas las reivindicaciones eran un no sin alternativa, iniciamos las movilizaciones con los cuatro objetivos básicos:

1. La subida del IPC para no perder poder adquisitivo. Recordemos que hablamos de sueldos de 1.000 euros con jornadas completas.

2. Un día más de asuntos propios ya que el monitorado no tiene vacaciones.

3. Mejorar en la cobertura de bajas.

4. Que las horas que queden libres por posibles vacantes, sean ofertadas a los y las trabajadoras de la plantilla para que se acerquen al 100% de la jornada.

Tras dos meses de huelga, dos meses con las nóminas a cero, con todo el perjuicio emocional que conlleva esta situación para nosotras, sobre los puntos 2, 3 y 4 no ha habido ningún avance y prácticamente negociación nula; y sobre la subida del IPC, en un inicio, las empresas ofrecían una subida del 2,5% y postulaban que incrementar todo era totalmente inasumible.

Pasado un mes de huelga, las cuatro empresas que componen la patronal (que no son todas las del sector) se desdicieron y ofrecieron pagar el 4,5% éste año a sus trabajadoras, dejando de esta manera fuera a todas esas personas que trabajan para empresas que no están dentro de la patronal. Nosotras lo tenemos claro, no queremos mejoras solo para algunos, queremos un convenio para todos y todas.

Dicen que no pueden pagarnos más, que ha subido la luz, el gas, etc. A nosotras también. Hemos trasladado diferentes fórmulas para llegar al IPC. Cabe decir que aunque hay varios ayuntamientos que ya han incrementado el IPC, no pueden obligar a las empresas a repercutirlo en los y las trabajadoras. Y se da así la paradoja de que lo que a las trabajadoras se nos niega recae en los beneficios de las empresas. Porque, ¿a dónde va ese dinero si no?

Nos hemos reunido con diferentes partidos políticos y con diferentes alcaldes y alcaldesas. La mayoría nos apoyan, pero ahora abren sus instalaciones haciendo perder fuerza a nuestros dos meses de huelga y vulnerando nuestros derechos basándose en un informe realizado por la Federación de Ayuntamientos y Concejos que supuestamente da respaldo legal a la apertura de las instalaciones. Sabiendo que cualquier recurso por nuestra parte, aún acabando teniendo razón, se dilatará tanto en el tiempo que hace mucho más difícil nuestra situación actual.

Abriendo las instalaciones, en cualquier caso, los ayuntamientos se arriesgan a perder una demanda que tendrán que pagar con dinero público.

Conviene reseñar que esta huelga no afecta económicamente a las empresas adjudicatarias ya que están financiadas por partidas presupuestarias ya cerradas. Siempre queda la esperanza de que los ayuntamientos encuentren la forma de revertir las pérdidas y trastornos causados a las adjudicatarias de la gestión. Así no seremos trabajadoras y ciudadanas las únicas paganas de esta huelga.

Nos tachan de inmovilistas, pero cualquier persona que conozca la situación del sector ve que nuestras reclamaciones son de justicia y no podemos consentir que empobrezcamos más.