El equipo legal del expresidente peruano Pedro Castillo pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una reunión cara a cara con el exmandatario en la cárcel en la que se encuentra «arbitrariamente privado de libertad mediante un proceso judicial viciado de ilegalidad».

Una delegación de la CIDH ha comenzado a reunirse con autoridades locales, miembros de organizaciones sociales y familiares de fallecidos en las protestas que tienen lugar en todo el país, y en las que ya han muerto al menos 26 personas, entre ellas cuatro niños.

La defensa de Castillo indicó que el equipo técnico de la CIDH ha previsto una visita al destituido presidente, pero no ha contactado con sus abotados, por lo que teme presiones políticas para impedirla. «Hago de conocimiento público esta situación, para estar alerta y no se politice la visita de la CIDH a favor de los intereses del Gobierno de facto», dijo.

Castillo se encuentra encarcelado en la prisión de Barbadillo, en Ate, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre, después de que el Poder Judicial dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra acusándolo de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Desde el partido Perú Libre, que lanzó la candidatura de Castillo a la Presidencia, pero del que luego se distanció, la diputada Margot Palacios denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la presidenta, Dina Boluarte, y a varios ministros de su gabinete, entre ellos el recién nombrado primer ministro, Alberto Otárola, por las muertes que se han registrado en la última semana durante las multitudinarias protestas en apoyo a Castillo.

Palacios alertó de que existe «un contexto de violación de derechos humanos», y también pidió denunciar por genocidio al exministro del Interior César Cervantes y al ex primer ministro Pedro Angulo, así como a mandos policiales y militares, por la represión de las movilizaciones. La diputada explicó su recurso a la Justicia internacional por el aval del Ejecutivo a estos hechos por los que también denunció la connivencia de la Fiscalía y el resto de las autoridades judiciales y legales.

También el partido Juntos por el Perú presentará una denuncia constitucional contra Boluarte, por la violación de derechos humanos durante las protestas.

Human Right Watch ha pedido a las autoridades judiciales de Perú investigaciones «inmediatas, exhaustivas e independientes» sobre las muertes de manifestantes y sobre las denuncias de un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y del Ejército.

México

Por otra parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió ayer en que la detención de Castillo ha sido «un golpe del conservadurismo y de los mandamás de Perú», que al igual que en México y en otros países «son clasistas, racistas, y muy corruptos», y solo aspiran al control de «los intereses económicos» de sus países.

Las autoridades de México, Colombia y Argentina han cuestionado la destitución y encarcelamiento de Castillo. La Cancillería peruana las considera «injerencias» y en el caso de México expulsó a su embajador en Lima.