Tres relatores de la ONU han firmado una resolución en la que expresan su preocupación por el espionaje con Pegasus y Candiru al menos a 65 políticos, activistas y abogados independentistas catalanes entre 2017 y 2020, y piden explicaciones al Gobierno español, que ha respondido afirmando que «toda actividad policial» de las FSE «se enmcarca siempre dentro del escrupuloso respeto a la legalidad» y que el Defensor del Pueblo ya inició una actuación de oficio.

Los relatores especiales sobre cuestiones de las minorías, Fernand de Varennes; sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, y sobre los derechos a la libertad de reunión y de asociación, Clement Nyaletsossi Voule, ven en lo ocurrido «una interferencia en su derecho a tener y expresar libremente sus puntos de vista, intercambiar y difundir información e ideas, a reunirse pacíficamente y participar en asociaciones, a tener vida privada y privacidad en la correspondencia, y a ser iguales ante la ley».

La resolución responde a varias comunicaciones de ERC y la ANC, en nombre de las víctimas.