Más de 40 años después de los hechos, el Gobierno español ha pedido perdón por los tres jóvenes que fueron torturados hasta la muerte por la Guardia Civil el 10 de mayo de 1981 tras ser detenidos erróneamente identificados como miembros de ETA cuando realizaban un viaje en coche a Almería.

La madre y hermanos de Juan Mañas y un sobrino, Luis Montero, acudieron a un acto que contó con la presencia de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que señaló que «aquellos terribles hechos no deberían haberse producido jamás» y que «no cabe justificación».

Los cuerpos de los tres ciudadanos aparecieron calcinados al día siguiente en el interior del vehículo en un paraje de Gérgal (Almería) tras haber sido torturados.

En el acto se hizo entrega a las familias de unos diplomas de reparación. Durante el evento, Martínez subrayó el «perdón» del Gobierno a los familiares de las víctimas, también por «el injustificado abandono de décadas» a nivel institucional.

«Un alivio»

El hermano pequeño de Juan Mañas, Francisco Javier Mañas -cuya comunión motivó el viaje desde Santander de los tres jóvenes-, afirmó que el acto, «aunque demasiado tarde», era para ellos muy esperado. «Representa un alivio a nuestro sufrimiento prolongado e injustamente silenciado», apuntó.

«El Gobierno de España está con nosotros, a la par que tantos amigos que hoy nos acompañan dándonos calor y afecto», añadió Mañas. No obstante, recordó que, aunque han pasado cerca de 42 años del «terrible crimen», el dolor «no prescribe», máxime cuando la vida de su hermano y sus amigos les fue arrebatada «en manos de los que tienen como obligación nuestra custodia y garantizar nuestros derechos».

«Tres familias hemos sobrevivido en ese dolor, con esa losa insoportable, esa incomprensión, esa pérdida irreparable y todos esos años de sufrimiento, sin que nadie nunca desde la Administración nos haya dado una explicación, un lo siento, o un no tenía que haber sucedido lo injustificable».

Mañas pidió que no se olviden ni los hechos ni los lugares en los que se produjeron, como el antiguo castillo de Casasfuertes, donde tenía su sede la Guardia Civil y se llevaron a cabo los interrogatorios, o la carretera de Gérgal, lugar donde los cuerpos aparecieron totalmente calcinados.

Ley de Memoria

En relación a esta labor, el secretario de Estado de Memoria Democrática apuntó durante su intervención que será objeto de estudio la situación de las víctimas y familiares del «caso Almería«. «Como almeriense, el asesinato de vuestros familiares me dolió especialmente» y mostró «la cara más terrible de la dictadura franquista», señaló Martínez en uno de los primeros actos que se realizan tras la aprobación de la ley.

Durante el reconocimiento, en el que también se expresó un agradecimiento a los periodistas almerienses de la época que dieron a conocer los hechos, la directora de la Guardia Civil expresó el «deber moral» que como representante del instituto armado suponía su presencia en el acto, que se ofreció como un «signo de calidad democrática» para preservar la «memoria y dignidad» de las víctimas.