El Gobierno de Nicaragua autorizó ayer la liberación de más de 220 presos detenidos en las protestas de 2019, todos ellos considerados «traidores a la patria», y procedió a su inmediata salida en un avión a EEUU, donde fueron acogidos.

Se trata de una medida inédita que implica la retirada de la nacionalidad nicaragüense y que, según Washington, puede abrir una puerta al diálogo. Todo apunta a una especie de deportación acordada. En virtud de una resolución dictada el miércoles, Managua acordó la «deportación inmediata» a EEUU de 222 personas, según un dictamen del Tribunal de Apelaciones difundido ayer. Sobre todos pesa, además, una inhabilitación «perpetua» para ocupar algún tipo de cargo electo en Nicaragua.

La Asamblea Nacional aprobó inmediatamente una reforma de la Constitución que estipula que «los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense», lo que de facto deja a todos los expulsados sin la ciudadanía.

El Gobierno de EEUU confirmó acto seguido la acogida de 222 personas encarceladas de manera «injusta» en Nicaragua «por ejercer sus libertades fundamentales» y añadió que esta medida «abre la puerta a un mayor diálogo» con el país centroamericano, con el que Washington apenas mantiene relación.

Los traslados forman parte de un evidente acuerdo entre EEUU y Nicaragua, en virtud del cual las autoridades estadounidenses habrían ofrecido refugio a 224 presos, si bien dos de ellos se negaron, según “The New York Times”. Fue también la Administración de Joe Biden la que fletó el vuelo chárter que los llevó a EEUU.