Vivimos tiempos convulsos con amenazas constantes al sistema público de salud. Algunas de estas amenazas vienen desde dentro y tienen que ver con hechos como las reivindicaciones corporativas o las declaraciones que ensalzan la nunca probada ventaja de la colaboración público-privada. Otras amenazas internas se relacionan con ciertas consideraciones desafortunadas sobre la supuesta mala utilización de los servicios por parte de la población o con las amenazas a profesionales. Y qué decir del preocupante aumento de los presupuestos para la atención concertada, del apoyo a las mutualidades de funcionarios, o de la reciente complacencia de la presidenta del Gobierno sobre eliminar la exclusividad del trabajo de profesionales. Otras amenazas vienen desde fuera y se relacionan con los fondos de inversión que compran empresas de servicios sanitarios para maximizar sus beneficios, con el cada vez mayor intervencionismo de las mutuas del trabajo, el incremento de los seguros privados y con las privatizaciones de servicios en otras comunidades o países, que deterioran la salud pública dejando a muchas personas sin atención, y creando una atención sanitaria para personas pobres y otra para personas ricas.

Creemos que es el momento de unir fuerzas para evitar el deterioro del sistema público de salud. Nos parece que la prioridad es ofrecer una atención de calidad para todas las personas, de acuerdo con sus necesidades de salud y no según su patrimonio. Para ello es más necesario que nunca unir los esfuerzos de profesionales, sindicatos, ciudadanía y grupos políticos para poner freno a las amenazas e impulsar un sistema público de salud universal y de calidad. Pensamos que es necesario que quienes utilizan el sistema de salud y todos sus profesionales busquen como objetivo común ofrecer una adecuada atención de calidad que suscite reconocimiento y satisfacción profesional por el trabajo bien hecho. Creemos que las reivindicaciones profesionales parciales son legítimas, pero tienen que enmarcarse en el bien común y en la solución de los problemas de la totalidad de profesionales.

Las soluciones no son sencillas y se necesita una visión de futuro compartida, que creemos que el conjunto de la sociedad apoya. Hace falta una nueva ley de salud consensuada que consolide el sistema público frente a las amenazas y que, además, solucione problemas como la estabilidad de los puestos de trabajo, unas bases de retribuciones justas, transparentes y motivadoras para cada tipo de profesión, una fidelización de sus profesionales por la vía de ofrecer estímulos profesionales y laborales y no por la vía de dejarles escapar para competir con lo público.

Y eso requiere nuevas políticas. Empezar por un liderazgo del Departamento de Salud para conseguir que otros departamentos como Hacienda o Función Pública apoyen un proyecto nuevo al servicio de toda la sociedad. Un pacto entre grupos políticos para iniciar desde la próxima legislatura un proyecto ilusionante del nuevo sistema de salud público que la sociedad navarra necesita.

Pedimos compromiso y transparencia, y que todas las personas, grupos y colectivos puedan expresar libremente sus propuestas de un nuevo marco de salud para Navarra que nos permita estar orgullosas a la totalidad de quienes aquí convivimos.