El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente, después de pasar por el Senado, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con los votos a favor de los partidos del gobierno y algunos de sus aliados, entre ellos, el PNV y Esquerra, las abstenciones de Junts y EH Bildu y el voto negativo de toda la derecha y los nacionalistas del Bloque Gallego. En total 182 votos a favor, mayoría absoluta de la cámara. Nuevamente el gobierno aprueba una ley con la ayuda de los votos o la abstención de los partidos componentes del bloque de investidura.

Resulta algo paradójica la valoración en general positiva, con diversos matices, que han realizado los partidos nacionalistas vascos y catalanes acerca de la ley si la contraponemos con algunos posicionamientos respecto de ella. Por ejemplo, la representante de ERC afirmó: «No es nuestra ley ni lo sera nunca, por mucho que sea perfecta, la nuestra es la catalana». Lo mismo señalo la representante del PNV, al admitir que «no es nuestra ley». Y en sentido parecido se manifestaron los representantes de Bildu, la CUP y Junts, aunque incidiendo más en los aspectos negativos de la norma. No es nuestra ley pero la aceptamos o no la rechazamos vienen a decir estos partidos ¿Contradicción o mas bien aceptación forzada de un marco previo que limita las aspiraciones nacionales? Una especie de «Sí, pero…».

En la actual legislatura se han aprobado más leyes, con el apoyo parcial o total de los aliados nacionalistas, que se han interpretado, en su lado positivo, como avances significativos en los terrenos de la igualdad, los derechos sociales y cívicos, la distribución de la renta, o la mejora laboral pero que también han dejado pozos de insatisfacción por los conflictos que han generado entre socios, las debilidades de ciertas reformas, y los pasos dados hacia atrás con respecto a los proyectos originales. Son claroscuros derivados de una percepción sobre las dificultades por superar el régimen salido de la transición, ya que se tiene la sensación de que las instancias reales que vertebran el Estado español han mantenido, en lo sustancial, intactos tanto sus intereses básicos como su poder decisorio. Y que los cambios legales solo han mellado superficialmente ese sistema combinado de poderes que articulan a la sociedad española ante el Estado. Y es que los intentos de ruptura con el régimen salido de la transición y que, no olvidemos, tiene entre uno de sus valedores al PSOE, a falta de un movimiento organizado y poderoso de carácter popular que empuje en esa dirección, se encuentra con limites difíciles de superar a escala institucional y de partidos. El ámbito legislativo puede ser un importante campo de batalla pero por si solo es incapaz de romper el bloque conservador que mantiene la actual estructura de poder.

Por estas razones ERC, por ejemplo, es capaz de decir, que «hemos conseguido incorporar más de 150 enmiendas al texto» y, al mismo tiempo, incidir en que «en la raíz de este Estado está un modelo de centralización profundo que nos ha impedido acabar de una vez con la mayoría del funcionariado de la Universidad». Pues el funcionariado español, por cierto no transferido en el campo universitario, es una especie de sujeto reactivo vertebrador de ese centralismo y barrera matriz para impedir la creación de un profesorado propio en las naciones del Estado, en su avance hacia universidades nacionales.

De todas formas cabría preguntarse la razón para no presionar más al PSOE a fin de impedir esa mayoría funcionarial que se ha incrementado respecto a la ley anterior del PP. Tanto ERC como Bildu han sido capaces en otras leyes (como la ley mordaza) de rechazar su reforma, dejando así herido al gobierno de coalición. Si en el citado caso ambos partidos han trazado líneas rojas, ¿por qué no lo han hecho en esta ley? ¿O es que el dominio funcionarial se ha convertido en razón de Estado ante el avance de las competencias universitarias de las nacionalidades históricas? En la lucha que sostuvimos en la UPV por un profesorado propio con contrato laboral lo vimos con meridiana claridad. Quizás por esa razón los firmantes llevamos ya 31 años en la puerta de la Universidad con una pancarta y sin que la UPV atienda a nuestras reclamaciones justas y viables.