Da igual que se trate de vinos, de deporte o de derechos humanos, el caso es que a las autoridades españolas les parece que la perspectiva vasca de ver el mundo, las opciones soberanas vascas, son como mínimo sospechosas y en la mayoría de casos erróneas. En una democracia plena eso no sería grave, tan solo una sana discrepancia. Pero en el Estado español esas instituciones tienen el poder de vetar las decisiones que toma un grupo de viticultores, unos ayuntamientos, una sociedad científica, los ayuntamientos o, aunque parezcan no darse por enterados, los lehendakaris y los ejecutivos vascos.

La falta de cultura democrática inspira la literatura prohibicionista española respecto a lo vasco, sea en las argumentaciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), de la Federación Española de Pelota o de la Delegación del Gobierno.

AL SEGUNDO BOTE

Para intentar evitar que Euskadiko Euskal Pilota Federazioa ingrese como miembro de pleno derecho en la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) la Federación Española afirma que eso atentaría «contra el movimiento Olímpico». Ni más ni menos. No aceptan que los y las deportistas vascas quieran representar a su país. Ni en pelota vasca, como reza el nombre oficial de su Federación Internacional.

Hay que recordar que esta opción se abrió gracias a una enmienda del PNV en el Congreso español a la Ley del Deporte, que planteaba el reconocimiento internacional de selecciones vascas como la de surf o pelota. Es decir, la FEP no atiende ni a la voluntad de los deportistas ni a los acuerdos del legislativo.

BRINDIS AL SOL

La decisión del TSJPV de anular de forma cautelar el permiso dado por Lakua a un grupo de viticultores para vender sus vinos con la marca «Viñedos de Álava/Arabako Mahastiak» se basa en que «causaría un perjuicio reputacional y económico a la DOCa Rioja, reconocida hace más de 97 años y que comprende 14.139 viticultores y 570 bodegas embotelladoras». Esto, en un recurso judicial, no en una cata de vinos.

En consecuencia, los jueces consideran que, «sin necesidad de examinar la concurrencia o no de la apariencia de buen derecho» (sic), deben favorecer los intereses del Consejo Regulador Rioja y vetar el permiso concedido por Lakua para mejorar la competitividad de las bodegas alavesas.

QUIÉN MANDA AQUÍ

Considerar que ser militante de ETA elimina toda opción de que se hayan vulnerado tus derechos es una forma básica de justificar la tortura, emboscadas letales o versiones oficiales. Esas personas no pueden ser víctimas, no al menos como las «víctimas buenas», las independientes de sus obras y a las que se les juzga solo por lo que les hicieron, no por lo que hicieron ellas. Víctimas como Melitón Manzanas, entre otros.

Que quien establezca ese principio sea la institución que se hizo cargo de las razias en Euskal Herria, con 6.000 personas torturadas certificadas, es un escándalo. Que la Delegación del Gobierno pretenda imponer su voluntad sobre los consistorios vascos, demandándoles que censuren la memoria precisamente en la parte de sus delitos impunes y sus derivas morales, es democráticamente peligroso.

El patrón en todos estos argumentos, siendo tan distintos los ámbitos, es claro: en Euskal Herria el Estado español veta opciones políticas y vitales legítimas, democráticas y sanas. Este es el terreno de juego. Mientras tanto, la ciudadanía vasca sigue su camino, empeñada en hacer las cosas de una manera propia, autocrítica y empática, con sus errores y aciertos, en base a sus equilibrios de poder, ligada al territorio y en beneficio de la gente.