La semana pasada se anunció un acuerdo entre ERC, EH Bildu y el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos relativo a la Ley de Vivienda. Por lo que ha trascendido, el acuerdo contempla, entre otras cuestiones, la definición de zonas tensionadas en las que se podrá poner un tope el alquiler, así como el establecimiento de un límite al crecimiento anual de la renta. No obstante, el acuerdo deja aspectos importantes sin concretar, entre los que Stop Desahucios destaca que no garantiza una salida habitacional digna a las familias vulnerables que sean desahuciadas. A pesar de ello, la plataforma social ha hecho un llamamiento a los grupos vascos a votar a favor de la nueva ley ya que, con todas sus carencias, sin duda mejorará la situación actual.

Más llamativa resultó la reacción de los socios del Gobierno de Lakua. Aitor Esteban, portavoz del PNV en Madrid, calificó la norma de «galimatías jurídico» y sacó a relucir el comodín de la invasión de competencias para criticar el acuerdo. Hasta ahora el PNV se había escudado en la inseguridad jurídica para no desarrollar la ley vasca, aprobada a pesar de su oposición, y ahora que habrá una nueva ley que subsanará esas inseguridades se escuda en la invasión de competencias. Una posición coherente con la decisión de los jeltzales de no molestar a los rentistas, cuyos beneficios privados sitúa por encima de la obligación de garantizar el derecho a una vivienda. Por parte del PSE, Iñaki Arriola, consejero del área en el Gabinete Urkullu, señaló que la ley vasca era más avanzada que la estatal, algo que sus compañeros de Madrid, al parecer, no comparten. En cualquier caso, el PSE tampoco se ha distinguido precisamente por desarrollar las herramientas que ofrecía la norma de vivienda de la CAV.

Existen instrumentos para una intervención pública que garantice el derecho a la vivienda. El acuerdo para aprobar la primera ley estatal en este ámbito añade otros nuevos. No obstante, la experiencia de la CAV muestra que tan importante como las herramientas es la voluntad política de utilizarlas para mejorar la vida de la gente, algo de lo que el Gobierno de Lakua ha carecido hasta ahora.