El precio del alquiler está en máximos históricos en Hego Euskal Herria. En la CAPV, los últimos datos del Gobierno Vasco indican que en 2022 ya se ha superado la barrera de los diez euros/m2t y los 747 euros/mes de media. En Iruñea también se superan los diez euros/m2t. Ante este panorama, no es de extrañar que los solicitantes de alquiler protegido en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ya superen los 62.000 y en Nafarroa los 10.000. Además, los fondos buitre y otros grandes tenedores ya planean sobre nuestra geografía: en Nafarroa, 5.000 viviendas están en manos de apenas 50 propietarios, cuyo pulso no tiembla al plantear subidas repentinas del alquiler superiores al 30%. Urge actuar y plantear una política de vivienda que controle el precio del alquiler.

Desde EH Bildu defendemos que tenemos capacidad competencial para limitar el alquiler desde Hego Euskal Herria desarrollando nuestro derecho civil. De hecho, la nueva Ley Foral de Vivienda de Nafarroa aborda aspectos relacionados con el índice de precios o la creación de zonas de mercado residencial tensionado. Por esa misma razón, defendimos en el Parlamento Vasco, en febrero de 2021, una proposición de ley para lograr el mismo objetivo. PNV y PSE votaron en contra, poniendo como excusa que era mejor esperar a la Ley de Vivienda del Gobierno de España. Una excusa que ya no vale: gracias a la voluntad negociadora de EH Bildu, entre otras fuerzas de izquierda, y más allá del debate competencial, que seguimos situando en nuestro ámbito, pronto tendremos en todos los territorios un paraguas legal para poder controlar el precio del alquiler.

A pesar del PNV, que se autoexcluyó de toda negociación al interponer una enmienda a la totalidad de la Ley de Madrid, haciendo un curioso discurso en defensa de la Ley de Vivienda de la CAPV de 2015... ¡a la que también votó en contra! Ese es el juego doble del PNV, que se resiste a cualquier regulación del mercado inmobiliario, y solo exige mano dura frente a la okupación de viviendas vacías, nunca ante los fondos buitre y la especulación inmobiliaria. Porque tras discursos huecos, la política de vivienda del PNV no difiere mucho de la de otras derechas de nuestro país, como UPN, PP o Vox.

Otros, sin embargo, pensamos que la vivienda es un derecho, no un negocio, y trabajamos y seguiremos trabajando para dar pasos en ese sentido. Ante un Estado español que se ha atribuido en exclusividad la regulación del alquiler, declarando inconstitucional en marzo de 2022 la regulación catalana, podíamos haber mirado a otro lado, lamentándonos sobre nuestro limitado autogobierno. Sin embargo, desde EH Bildu hemos preferido arriesgar, negociar y cambiar las reglas del juego inmobiliario.

Hemos conseguido que se limiten las actualizaciones de los contratos de alquiler. En 2024, al 3%. Y a partir de entonces, a un índice de referencia de precios que será menor al IPC. Un índice que también se aplicará a los nuevos contratos de alquiler, y que podrá ser desarrollado por las comunidades autónomas con voluntad para ello. ¿Será el caso de la CAPV y Nafarroa? Esperemos que sí, y cuanto antes.

Hemos conseguido que las zonas de mercado residencial tensionado puedan ser declaradas también por las comunidades y los municipios con voluntad para ello. ¿Será el caso de todas las administraciones de Hego Euskal Herria? Desde EH Bildu trabajaremos para que así sea.

Hemos conseguido que las condiciones para declarar dichas zonas tensionadas no sean tan difíciles como se planteaban en un principio. Basta con que se cumpla una de las condiciones: o dedicar más del 30% del sueldo al pago de la hipoteca o alquiler, o subidas de la vivienda o alquiler en 5 años de más del 3% de la del IPC. En la CAPV ya se dedica de media el 30,22% del sueldo al pago de la hipoteca: toda la comunidad podría ser declarada zona tensionada. ¿Tendrá voluntad para ello el Gobierno Vasco? Debería.

Hemos conseguido otros logros de calado. Que la consideración de gran tenedor baje de diez a cinco pisos, aumentando así la protección frente a fondos buitre. Que los gastos de las inmobiliarias corran, por fin, a cargo de los propietarios. Que la protección frente a desahucios sea mayor, con fecha y alternativa habitacional. O que la mitad de las viviendas de protección pública que se planifiquen sean para alquiler social, algo que ya propuso EH Bildu en el Parlamento Vasco en 2022, con rechazo de PNV y PSE, y que en Nafarroa, en la última modificación de la Ley de Vivienda, llegó hasta el 30%; pero no nos conformamos.

¿Es una ley perfecta? Por supuesto que no. ¿Es un avance? Sin duda. Porque, sobre todo, supone un paraguas legal para que empecemos a controlar, por primera vez, el precio del alquiler. Ahora falta la voluntad política para que ese marco legal se desarrolle y se aplique en Hego Euskal Herria sin más excusas y dilaciones. Los ciudadanos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa lo agradecerán.