No se trata solo de Aranzadi. Por el tono y los contenidos de la tormenta mediático-política desatada, es todo un sector del movimiento de defensa de los derechos humanos el que ha sido impugnado. Una vez más, como en tiempos pretéritos que parecían superados, hemos asistido a la construcción de pánicos morales que, sobre la base de medias verdades, han pretendido hacernos creer que las páginas web municipales poco menos que hacían apología del terrorismo. Como si el elemento central de tales páginas fuera «la gran nivelación» de víctimas y victimarios. Se toma un aspecto extremo del trabajo en cuestión, en este caso de la página web de Galdakao, y se eleva a categoría central y única de indignidad ética como si «eso» y solo «eso» fuera el contenido, objetivos y función de la web. Y de ahí «el gran salto»: todas las páginas web -y pónganse las barbas a remojar- todo trabajo que se aleje de una visión «oficial» y concreta de cómo presentar las violencias de motivación política que han sucedido en nuestro país están amenazadas de sufrir una «descarga mediática» de alto voltaje si nos atenemos al aluvión de descalificaciones de trazo grueso vertidas.

Organizaciones como Aranzadi y antes también Argituz, por ejemplo, han seguido y siguen el esquema central del derecho internacional de los derechos humanos. Dichas organizaciones a la hora de abordar el trabajo con la «violencia de motivación política», concepto no pacífico y de definición no consensuada, aplican un principio indubitable: el de indivisibilidad de los derechos humanos. O sea: tanto deben incorporarse a la construcción de la memoria pública -en este caso municipal- los graves delitos de terrorismo cometidos por las diferentes ETA en su historia como los graves delitos que han cometido las fuerzas y cuerpos de seguridad y las violaciones de derechos humanos que el Estado ha llevado a cabo. La muerte de nuestros conciudadanos, las lesiones graves, las agresiones sexuales, las amenazas... sean las que cometió ETA o las que cometió el Estado (a través de cuerpos policiales, de guerra sucia, de tortura, etc.) deben aparecer en la plaza pública para poder «leer las páginas» y después reforzar el pacto ético-social subyacente a una democracia que se funda en el respeto a los derechos humanos. Esto no es equidistancia: es simplemente indivisibilidad de los derechos humanos. Todas las violaciones de derechos humanos; todas; en serio, sin fraude, sin falsas jerarquías, sin ánimo de banalizar unas desde las otras.

Hasta aquí creo que cualquier persona de bien, de cualquier ideología, podría estar de acuerdo. Y hasta aquí solo la mala fe puede imputar a Aranzadi que no crea ni parta de esta premisa. Pues sus páginas web categorizan las violaciones de derechos humanos y los graves crímenes de terrorismo de ETA a partir de lo señalado.

Otra cosa muy distinta es que entre miles de casos, en las categorías frontera, allí donde no es tan fácil definir de qué tipo de «sufrimiento injusto» estamos hablando (por ejemplo, policías que se suicidan porque la presión ambiental resulta insoportable; familiares de personas presas que fallecen en accidentes de tráfico al ir a visitar a sus seres queridos a miles de kilómetros de distancia...) haya grises que no se definan ni en el fondo ni en la forma de manera adecuada. También es discutible y muy delicado el cómo presentar las cosas para que en un espacio municipal la buena fe de partida no acabe haciendo daño. No hay por qué presentar todo a la vez: ¿deberían presentarse todas las víctimas de la guerra (in)civil española en el mismo plano? ¿Convendría visualizar categorías equivalentes pero diferenciadas cuando quien el autor es ETA(s) o cuando se trate de criminalidad de Estado? El qué es importante pero también el cómo. Ese cómo requiere de consensos municipales, de hablar con las víctimas de un tipo y de otro, de buscar construir en positivo... requiere a veces de arriesgar y estar dispuestos a corregir. Esto último, por cierto, es los que organizaciones de derechos humanos en nuestro país -también Aranzadi- llevan haciendo a pie de tierra décadas y con un magnífico resultado de recuperación del tejido social. Las más de las veces en silencio, pero con eficacia; cerrando heridas. Sin acompañamiento mediático que prefiere el ruido: aunque tampoco buscan ese reconocimiento. Pero una cosa es no buscar el reconocimiento y otra muy distinta es una voladura, como a la que hemos asistido, del espacio de buena fe y trabajo que se había construido con mimo y miles de horas de trabajo: ¿ese es el periodismo por la paz que tenemos? ¿Esta es la gran contribución de determinados intelectuales orgánicos que juzgan de oído y condenan sin piedad? ¿Esa es la política de respeto a la sociedad civil organizada que tenemos? ¿De verdad que la «polémica» de las páginas web ha «solucionado» algún problema proporcional al daño causado? Si había errores de presentación o de contenidos, como en tantas ocasiones, el propio espacio municipal articulaba formas de solución inmediatas para corregirlos: así se ha hecho en el pasado en tantas ocasiones y es que nadie estaba -ni está- en esos trabajos de construcción de memoria local para hacer daño. Pero elevar el asunto a pánico moral y linchamiento mediático denota mala fe no en la articulación de las web, sino en los que buscan en el trazo grueso la consolidación de trincheras que en la sociedad real vasca de hoy van poco a poco -pese a quien pese- desmontándose de forma inexorable.