En marzo se constituyó en el Senado una ponencia de estudio para valorar los posibles cambios en el sistema de salud laboral del Estado español. A la misma han concurrido representantes de instituciones estatales competentes en la materia, representantes de la CAV, Andalucía y Asturias, además de organizaciones sindicales y empresariales estatales. A iniciativa de EH Bildu, tuvimos la oportunidad de asistir y exponer nuestros análisis y propuestas.

La situación de la salud laboral, como muestra la evolución negativa de los datos de accidentabilidad, se caracteriza por el generalizado empeoramiento de las condiciones de empleo en la última década, fruto de las reformas laborales, del debilitamiento de derechos, la facilitación del despido, la disposición generalizada de un sistema preventivo externalizado ajeno a la gestión de las empresas (hecho único en Europa) y la debilidad del papel de las administraciones públicas en salud laboral.

En la comparecencia expusimos que hay muchos colectivos laborales sin cobertura alguna en materia preventiva: trabajo autónomo, plataformas colaborativas, trabajo sumergido o el trabajo de empleadas del hogar que recientemente han sido incorporadas a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se puede estimar que hay más o menos 9 millones de personas, el 20% de la población en edad laboral, sin incluir las personas desempleadas, sin atención preventiva alguna. A ellas podemos añadir, tal y como puso de manifiesto la pandemia, la desatención real de la población temporera, las personas contratadas por ETT, la construcción en gran medida, las muy pequeñas empresas o las no rentables para los Servicios de Prevención Ajenos, entre otras.

La endemia de cánceres de origen laboral, de trastornos musculoesqueléticos infranotificados por las mutuas al registro oficial, de problemas de salud mental, de trastornos cardiovasculares y de otros daños desconsiderados en la norma conforman el elevado tributo de las y los trabajadores en un mercado de trabajo en elevada y rampante precarización.

Los Servicios de Prevención Ajenos, de naturaleza mercantil, atienden a más del 90% de las empresas. En gran parte por la escasez de personal, cometen numerosos errores en la gestión de riesgos y han convertido la prevención en habilitación de documentación justificativa al único objeto de evitar posibles sanciones, en lugar de un proceso de identificación y evaluación de riesgos para la aplicación de medidas de eliminación y control.

Llegados a este punto, es preciso hablar de las mutuas empresariales colaboradoras de la Seguridad Social que históricamente han atendido las lesiones derivadas de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales envueltas en numerosos litigios. El sistema mutual se caracteriza por una asistencia sanitaria carente de los derechos más básicos de las y los pacientes. No existe la posibilidad de una doble opinión, tampoco el derecho de acompañamiento de familiares cuando hay desplazamientos, no se da la opción de elección de facultativo y centro y la información a los y las pacientes es escasa.

Su único objetivo es la reincorporación inmediata al trabajo, no la recuperación de la salud. Es frecuente negar la evidencia del origen laboral de múltiples daños, disminuir por sistema la calificación de la gravedad de las lesiones o aplicar tratamientos de choque con probables efectos secundarios. Durante las tres últimas décadas, la Seguridad Social ha ido asignando nuevas competencias a estas entidades. Destaquemos las de control de la incapacidad temporal común, la gestión de la prestación económica ante riesgo laboral para el embarazo y lactancia y la aplicación de los planes preventivos anuales de la Seguridad Social.

Ineficiencia en la primera: las propuestas de alta justificadas clínicamente que realizan las mutuas no alcanza el 15%. Restricción de derechos preventivos en la segunda: dotándose de criterios ajenos a la evidencia científica y a las directrices oficiales del órgano científico técnico competente. Y opacidad y falta de transparencia en la tercera son los calificativos que definen la actuación de estas entidades privadas financiadas con el dinero público de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Otra de las bases explicativas de la mala situación de la salud laboral en el conjunto del Estado español es la debilidad de la actuación de la Administración Pública. La coordinación de las administraciones es excepcional, a resaltar positivamente el plan de eliminación segura del amianto de Cataluña en desarrollo.

El sistema público sanitario (SPS) es víctima de un importante volumen de daños laborales inadecuadamente no reconocidos por las mutuas, las inspecciones médicas de los servicios autonómicos de salud están saturadas por las injustificadas propuestas de altas de las mutuas en caso de incapacidad temporal común. El SPS es receptor de todos los daños cardiovasculares, mentales y cánceres no reconocidos como enfermedad profesional y causados por los riesgos laborales, en especial los psicosociales asociados a la mala organización del trabajo. Pero el sistema sanitario público es una víctima pasiva. Pese a que los daños derivados del trabajo son los más frecuentes de la salud pública, el SPS apenas hace algo.

Ante este panorama, en la comparecencia del Senado expusimos numerosas propuestas de mejora. La más nuclear es que el Sistema Público de Salud atienda integralmente la salud de todas y todos los trabajadores, desde la prevención integrada en la gestión de las empresas a la reincorporación laboral, pasando por la asistencia sanitaria con derechos.

Esto sería posible aplicando la Disposición Final tercera de la Ley General de Sanidad que prevé, bajo el acuerdo de los ministerios concernidos, la integración de las mutuas en el sistema público de salud. Todo lo contrario de lo propuesto por las mutuas, y a saber si por la propia Seguridad Social, en su última apuesta por desmontar y privatizar el sistema público de salud.