El Gobierno de Pakistán autorizó ayer el despliegue del Ejército en las provincias de Punjab -la más poblada del país y uno de los epicentros de la ola de protestas- y Jyber Pajtunjwa, así como en la capital, Islamabad, para atajar la revuelta provocada por el arresto por fuerzas paramilitares el martes del líder opositor y ex primer ministro Imran Khan, originario del Punjab y una de las figuras más populares. Las protestas se han saldado ya con al menos ocho muertos y centenares de heridos, además de cerca de mil detenciones.

Las autoridades decretaron, además, la suspensión de los servicios de Internet móvil en todo el país por un período indefinido, mientras que en Islamabad y en Punjab se han impuesto medidas de excepción que permiten a las autoridades prohibir actividades que consideren una amenaza a la seguridad.

OCHO DÍAS DE PRISIÓN PREVENTIVA

En medio del estallido de violencia, un tribunal decretó ayer prisión preventiva de ocho días para Khan por el caso de supuesta corrupción por el que fue arrestado en medio de un intenso operativo en la sede de una corte de la capital paquistaní cuando se dirigía al tribunal para solicitar una medida de libertad bajo fianza para uno de los casos presentados en su contra.

El líder opositor y exestrella de críquet, cesado en octubre de 2022 a través de una moción de censura, también fue condenado ayer por otro caso relacionado con los obsequios recibidos durante su mandato.

A pesar de las medidas extraordinarias decretadas por el Gobierno, el Pakistán Tehreek-i-Insaf (PTI), la mayor fuerza política de Pakistán, pidió a sus seguidores salir de nuevo a las calles para protestar por la detención de su líder. «Continuamos llamando a los trabajadores de la familia del PTI, a los simpatizantes y al pueblo de Pakistán a las calles para protestar pacíficamente contra este comportamiento inconstitucional. A nadie, absolutamente nadie, se le debe permitir pisotear la ley», afirmó su vicepresidente, Shah Mahmud Qureshi.

El martes, su partido ya llamó rápidamente a sus seguidores a hacer frente al arresto saliendo a las calles, lo que desencadenó una ola de protestas que, aunque mayoritariamente pacíficas, degeneraron en ataques a la base general de las Fuerzas Armadas, instituciones estatales y residencias de comandantes militares. El poderoso Ejército de Pakistán reaccionó a las protestas amenazando con «severas represalias» a quien le ataque.