La primera cumbre sudamericana auspiciada por Brasil estuvo el martes marcada por la defensa abierta del presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, y de la vuelta de Venezuela a los organismos regionales, aunque se plantearon también cuestiones más ambiciosas como la creación de una moneda común para la región y fijar estrategias conjuntas para tratar asuntos comerciales y políticos con el resto del mundo. Sudamérica ventiló sus diferencias, sobre todo las relacionadas con la República Bolivariana, en favor de una firme apuesta por la integración regional, estancada desde 2014.

La visita de Maduro a Brasilia rompió con el casi total aislamiento al que se vio forzado tras ser rechazado por gran parte de la comunidad internacional, en un momento además en el que el signo político de la región le era desfavorable. Su homólogo brasileño denunció, entre otras cuestiones, la campaña de difamación en su contra durante estos años. «Necesita cambiar la narrativa de que en Venezuela no hay democracia que se ha impuesto», le dijo a Maduro. «Venezuela necesita mostrar su propia narrativa para poder cambiar la opinión del resto (...) Es inexplicable que un país tenga 900 sanciones porque a otro país no le guste», señaló.

Pero esta defensa no fue acogida por todos de la misma manera, como expresaron al rechazar la teoría sobre una «narrativa» contra Venezuela los presidentes uruguayo, Luis Lacalle Pou, y chileno, Gabriel Boric, quien exigió a EEUU y la UE levantar sus sanciones.

A pesar de estas voces discordantes, fueron más los que se acercaron a Maduró, quien respondió que esos países (Uruguay y Chile) «tienen una visión» y Venezuela, «otra».

«CONSENSO DE BRASILIA»

Los líderes sudamericanos se encontraron para discutir proyectos de cooperación e intentar recomponer la integración regional. «Los elementos que nos unen están por encima de las diferencias ideológicas», dijo Lula antes de la cita a puerta cerrada en Itamaraty, sede de la Cancillería. La cumbre se cerró con la declaración “Consenso de Brasilia” que, como punto principal, incluye un acuerdo entre los doce países de la región para elaborar una hoja de ruta para su integración, estancada desde 2014.

La hoja de ruta será elaborada en 120 días por los cancilleres y deberá trazar las líneas de un plan para fomen- tar el comercio y las inversiones, superar asimetrías, eliminar medidas unilaterales y aumentar la cooperación econó- mica, con la meta de alcanzar una «efectiva área de libre comercio suramericana».

Asimismo, deberá promover la cooperación en áreas como salud, medioambiente, defensa, infraestructura, energía, seguridad fronteriza, transformación digital y combate al crimen trasnacional.

El “Consenso de Brasilia” incluye, en el segundo de sus nueve puntos, un compromiso «con la democracia y los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la justicia social, el Estado de derecho y la estabilidad institucional, la defensa de la soberanía y la no injerencia en asuntos internos».

Trabas a la demarcación de tierras

La Cámara de Diputados de Brasil, con una importante representación de propietarios rurales, aprobó el martes, por mayoría (283 frente a 155), el texto base de un polémico proyecto de ley que dificulta la demarcación de tierras indígenas. Si lo aprueba el Senado, será remitido al presidente, Luis Inácio Lula da Silva, para que lo sancione o lo vete.

El proyecto establece que en adelante solo sean reconocidas como tierras indígenas aquellas que eran ocupadas por pueblos originarios antes del 5 de octubre de 1988, cuando se promulgó la nueva Constitución. Con la actual legislación no existe la necesidad de comprobar esa ocupación, que se realiza por un trámite administrativo. El texto aprobado permite que indígenas sean expulsados de sus tierras (13,7%) si no se comprueba que las ocupaban antes de 1988, y que esos terrenos puedan sean comercializados. La demarcación de territorios indígenas fue totalmente paralizada durante los cuatro años de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien impulsó medidas para permitir la explotación minera en esas áreas, pese a que están protegidas. GARA