En 2015, la mayor excusa del PNV para votar en contra de la Ley de Vivienda de la CAPV fue que el reconocimiento del derecho subjetivo de vivienda traería un «efecto llamada de escala mundial» (Erkoreka dixit, sin despeinarse). Ahora, en 2023, el pretexto del PNV para votar en contra de la Ley de Vivienda estatal ha sido la «invasión competencial». «De libro, de manual», dijo Ortuzar, con sonrisa autocomplaciente, pero sin explicar nada de nada.

Evidentemente, tampoco había demasiado que explicar, porque todo el mundo ya ha entendido que lo de la «invasión competencial» no ha sido más que una mera coartada neoliberal para oponerse a la intervención en el mercado de la vivienda. Pero, finalmente, el PNV ha visto que era necesario dar unas explicaciones mínimas, al menos de cara a su parroquia. Con las que no ha hecho más que empeorar su imagen de inmovilismo inmobiliario, ya que ha quedado meridianamente claro que su argumentación no tiene fundamento alguno, aparte de la defensa de la vivienda como negocio.

Para empezar, está el tema del límite de los alquileres. Al principio el PNV dijo que no hacía falta toda una ley, y que bastaba con un decreto. Luego ha reculado, diciendo que se deberían haber limitado modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos. Que es, precisamente, la ley que modifica la Ley de Vivienda estatal, pero al PNV le da igual. Porque finalmente han asegurado que la ley que había que cambiar era otra, la Ley de Bases del Régimen Local. Menudo lío. Era bastante más sencillo decir la verdad: que no están a favor de limitar los precios del alquiler.

Para seguir, está el embrollo en el que se ha metido el PNV con lo de los pisos turísticos. Que la Ley de Vivienda que supuestamente invade competencias no ha regulado los pisos turísticos ha sido un «argumento» que ha empleado hasta Urkullu. Menuda metedura de pata. Porque la regulación de los pisos turísticos es claramente una competencia nuestra. Se legislan mediante la Ley de Turismo de la CAPV de 2016 y su decreto de desarrollo de 2018, que regula precisamente los pisos turísticos; y dicha regulación se gestiona desde nuestros ayuntamientos, mediante la planificación urbanística y las ordenanzas municipales. El error del PNV ha sido tan grande con el tema, que en la última comparecencia sobre la Ley de Vivienda estatal Esteban ni lo mencionó.

Lo que sí mencionó Esteban fue la supuesta intromisión competencial de crear una Conferencia Sectorial de Vivienda. Obviando, asombrosamente, no se sabe si queriendo o sin querer, que en el Estado ya existe una Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo... ¡desde 1987! «Invasión competencial de manual»... ¡de hace 36 años!

Otro punto en el que desbarra el PNV es el de las reservas mínimas de vivienda de protección pública. Esta queja de Esteban es especialmente curiosa, porque ello le parece invasión competencial, a la vez que alega que las reservas de la Ley de Vivienda de la CAPV de 2015, a la que el PNV votó en contra, son más ambiciosas. Lo que vuelve a obviar el PNV, con conocimiento o sin él (y no sabemos qué es peor), es que ni las reservas mínimas de la CAPV se realizaron en la Ley de Vivienda de 2015, sino en la Ley del Suelo de la CAPV de 2006, que elevó el porcentaje de la Ley Maturana de 1994, ni las reservas mínimas de la Ley de Vivienda estatal son novedad: ya se vienen estableciendo como mínimo desde la Ley del Suelo estatal de 2007; la única novedad al respecto es que se ha elevado la reserva del 30% al 40%. Otro patinazo del PNV.

La consejera Garamendi también especificó que puede existir invasión competencial en los requisitos mínimos que la Ley de Vivienda estatal establece para la designación de áreas tensionadas. Pero, si el PNV no niega que hay que limitar los alquileres (al menos no se ha atrevido a decirlo en alto) y que dicha limitación es competencia estatal (así lo aseguró cuando EH Bildu propuso limitarlos desde la CAPV en 2021), dicha limitación no puede ser indiscriminada. Por lo tanto, está sobradamente justificado establecer unos mínimos, desde un paraguas jurídico que las comunidades podrán desarrollar autonómicamente. Al igual que sucede con las reservas de vivienda protegida.

La excusa del PNV de la invasión de competencias solo pretende tapar sus propias incompetencias. El propio Urkullu ridiculizó en el Parlamento Vasco que la Ley de Vivienda estatal «solo» limite al 3% la subida de los alquileres en 2024... cuando en la CAPV, y usando datos del propio Gobierno Vasco, los alquileres han subido solo en 2022 un ¡6%! en Bilbo, un ¡6,6%! en Donostia y un ¡6,9%! en Gasteiz. Ese es el resultado de la política desregulada de vivienda del PNV, tan aplaudida por la patronal inmobiliaria. No es un problema de competencia, sino de incompetencia.

Y, ante ello, solo cabe la siguiente pregunta: ¿se sumará la CAPV, gestionada por el PNV, a la lista de comunidades gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid de Ayuso, que ya han adelantado que no aplicarán el límite del alquiler habilitado por la nueva Ley de Vivienda? Porque, ante la Ley de Vivienda de la CAPV de 2015, el PNV ya encontró una solución de su gusto: simplemente no desarrollarla (8 años después todavía no hay decreto de desarrollo del derecho subjetivo de vivienda). Esa es la otra opción que le queda al PNV: en vez de arriesgarse a impugnar la nueva Ley de Vivienda estatal ante el Tribunal Constitucional, como ya ha amenazado, simplemente no aplicarla. No limitar los alquileres. No hacer nada.