El Comité contra la Tortura de la ONU examina hoy y mañana en Ginebra al Estado español para comprobar si cumple los tratados que ha firmado. Una delegación vasca compuesta por Giza Eskubideen Behatokia, Egiari Zor y Sare presentará un informe en el que reconocen que se han producido algunas mejoras, pero que todavía existen importantes «focos de preocupación».

La principal prevención se centra en la actitud de los poderes públicos hacia la tortura. Si bien desde 2015 no ha habido denuncias, el régimen de incomunicación que ha posibilitado la tortura se mantiene y no se prevé su abolición. Destacan, asimismo, que los informes de los gobiernos de Gasteiz e Iruñea han confirmado, como mínimo, 5.379 casos de tortura. A pesar de la dimensión de la vulneración de derechos, no ha habido un reconocimiento institucional a las víctimas en su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Este año Lakua suspendió incluso el acto institucional del Día Internacional contra la Tortura poniendo como excusa el «ambiente preelectoral». Lo más sorprendente es que, en un Estado de derecho, esas cifras tampoco hayan provocado ninguna actuación judicial para esclarecer lo sucedido. Esa pasividad entronca con la obsesión de los poderes españoles por hacer de la verdad judicial la única verdad. De esa forma, sin investigación judicial, la verdad de la tortura desaparece y la impunidad reina. Incluso cuando ha habido condenas, han estado seguidas de declaraciones apologéticas de altos cargos blanqueando a victimarios y humillando a las víctimas.

Resultan sangrantes casos como el de Xabier Atristain, al que han mantenido en prisión a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó al Estado español, declarando injusto el proceso en el que se le sentenció debido a la falta de garantías jurídicas en el periodo de incomunicación. En este contexto de impunidad y menosprecio a las instituciones internacionales, urge la revisión de las sentencias a las personas condenadas utilizando pruebas ilegales obtenidas mediante tortura. Behatokia señala que al menos 95 presos estarían en esta situación. Una tarea inaplazable.