Los bancos y la política. Giorgia, Matteo y los demás ministros de turno han de esforzarse muchísimo para satisfacer las exigencias tanto del capital fuerte como del débil, tanto de los acreedores como de los deudores, tanto de las grandes familias propietarias como de los pequeños empresarios.

Intentemos entenderlo, por una vez. En la época en que vivimos, la escena política está dominada esencialmente por dos facciones. Por un lado, está el capital más fuerte, en posición de crédito, vencedor en la competencia de los mercados y por ello bien representado por los partidos de orientación liberal.

Por otro lado, están los capitales más débiles, con deudas a cuestas, que salen de la lucha de los mercados maltrechos y necesitados de ayudas, y cuyos intereses encuentran a veces expresión en las llamadas fuerzas populistas.

Estas dos bandas armadas a veces se halagan, a veces se enfrentan, y siempre van de la mano cuando se trata de aplastar los salarios y los derechos de la clase trabajadora. Lo que, sin embargo, hace un tiempo que no se ve en la escena política.

Este sencillo esquema interpretativo se aplica hoy a todos los grandes países del Occidente capitalista, y obviamente también se aplica a Italia. Con una ligera variante, sin embargo.

El gobierno de Meloni y Salvini se ha convertido en protagonista de un interesante ejercicio de equilibrismo político. El intento consiste en hacerse siervos de ambos amos. Giorgia, Matteo y el resto de ministros de turno sudan muchísimo para satisfacer las exigencias tanto del capital fuerte como del débil, tanto de los acreedores como de los deudores, tanto de las grandes familias propietarias como de los pequeños empresarios.

El reciente impuesto sobre los llamados beneficios extraordinarios de los bancos es un ejemplo típico de este celoso intento de servir simultáneamente a dos mesas. Según datos de Bankitalia y ABI, en el último año los mayores grupos bancarios italianos han registrado un aumento de los ingresos netos por intereses de unos 13.000 millones, de los cuales más de 11.000 millones se cargaron a empresas deudoras. Se trata de un aumento que los bancos pueden registrar casi en su totalidad en concepto de beneficios, ya que los gastos por intereses que pagan por los depósitos de los clientes han permanecido casi estáticos.

El trasvase de ingresos de los deudores a los bancos acreedores es sin duda considerable. Al fin y al cabo, como hemos intentado explicar varias veces, la política de tipos de interés elevados decidida por el BCE sirve exactamente para esto: desde luego no para frenar la inflación, sino para ajustar los tipos de interés a ella.

Subir los tipos, de hecho, compensa la erosión del valor del capital que sufren los acreedores y los bancos debido a la subida de los precios. En esencia, el banco central actúa como una especie de «escala móvil para los capitalistas» en posición de crédito. Aquellos siguen teniendo el ajuste del coste de la vida, los trabajadores, obviamente, no.

Los bancos y los acreedores, por tanto, agradecen calurosamente la subida de los tipos de interés decidida en Francfurt. Pero, ¿qué pasa con las empresas deudoras? Mientras persista la inflación, pueden repercutir la subida de tipos directamente en los precios. Pero si la fase inflacionista llega a su fin, entonces el aumento de la carga de la deuda ya no encuentra salida y empieza a hacer mella, sobre todo para las pequeñas empresas con poco poder de mercado, que entonces empiezan a quejarse.

Meloni y Salvini temen así que el juego de equilibrios entre los dos amos acabe en protestas de uno de ellos: los pequeños empresarios. Por ello, inventan un pequeño impuesto extraordinario, que debería reportar unos ingresos de unos 2.000 millones de €. Gran parte de estos ingresos, pueden estar seguros, irán a mitigar precisamente la carga de las pequeñas empresas deudoras. ¿Será suficiente para evitar una nueva revuelta de los empresarios en riesgo de insolvencia? En el Palazzo Chigi esperan que sí.

Como en el circo, el juego de equilibrios entre dos amos es cada vez más difícil, pero continúa. Entonces, ¿qué les queda a las familias trabajadoras que luchan contra las altas hipotecas? Poco o nada, por dos razones. En primer lugar, los ingresos irán más al rescate de los principales deudores, que son las empresas. En segundo lugar, el impuesto no grava las comisiones, y se puede estar seguro de que los bancos las aumentarán, especialmente en los depósitos pequeños. El impuesto sobre los beneficios extraordinarios, en resumen, es un Robin Hood que, en el mejor de los casos, quita a los ricos más fuertes para dar a los ricos más débiles. A los pobres, básicamente, les da igual.

De todo esto también podría extraerse una lección para las oposiciones deseosas de representar los intereses de la clase subalterna. Cuando el gobierno de los dos amos lanza un mísero hueso, siempre es mejor atacar que solo mover la cola.

©Sin Permiso

Traducción: Antoni Soy