En una entrevista publicada el pasado domingo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, consideraba la existencia de tortura como algo «coyuntural» y desligaba expresamente su práctica de una estrategia de Estado. Restar importancia a la tortura y rebajarla a mero abuso policial forma parte del manual para que queden impunes los tratos inhumanos y degradantes que se aplicaron contra la disidencia política y que constituyen una grave vulneración de los derechos humanos. Debería saberlo el juez que juzgó y condenó a cuatro guardiaciviles por los tormentos que sufrieron Igor Portu y Mattin Sarasola. Precisamente, aquella sentencia condenatoria fue revocada por el Tribunal Supremo, como era habitual en el Estado español, y tuvo que ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que finalmente condenara por las torturas que sufrieron Portu y Sarasola.

La existencia de la tortura como práctica sistemática -como estrategia de Estado- viene acreditada por los más de 5.000 casos de torturas documentados en informes oficiales, así como por las 20 sentencias condenatorias, la mitad de ellas emitidas por instancias internacionales, la mayoría de las veces porque los jueces no investigaron las denuncias. Pero también queda confirmada por el espeso manto de silencio judicial, periodístico y político con el que se escondieron todos esos casos. Un silencio que, como siempre ocurre cuando la evidencia es insoslayable, se transforma en un intento de quitar importancia, restar envergadura y rebajar el alcance de la tortura a meros «abusos».

Como reconoce Subijana, la tortura es la mayor negación del Estado de derecho porque lo deslegitima. Tal vez esa sea una de las razones por las que todavía en la actualidad se sigue negando el carácter sistemático de la práctica de la tortura. Sin embargo, todavía peor es mantener la impunidad de los victimarios, no atender ni reconocer a las víctimas y no tomar medidas para que los efectos de la tortura sean anulados, empezando por la revisión todas las condenas que se sustentaban en testimonios arrancados mediante tortura.