La liquidación de las obras de la AP1 fue denunciada por la Diputación Foral de Gipuzkoa cuando estaba gobernada por Bildu, tras constatar diversas irregularidades cuando la gestionaba el PNV, como trabajos no realizados o inflados, una liquidación extemporánea e incluso pagos por un tramo correspondiente a la Diputación de Araba. El sobrecoste de esa obra fue del 55%. Ocho años después, de una de las dos denuncias todavía no se sabe nada. De la otra se acaba de conocer que ha sido rechazada. La noticia se filtró ayer y el PNV se felicitó en exceso. Claro que sería peor una condena, pero el caso recuerda cómo opera la red clientelar vasca.

Precisamente, el sobreseimiento deja bastante más dudas que las que aclara. En primer lugar, el juzgado señala que no ha podido acreditar los hechos que se denunciaron pero, al mismo tiempo, reconoce que no se ha realizado un nuevo informe pericial por el elevado «coste presupuestario». Evidentemente, si no se realiza ninguna indagación difícilmente se pueden probar las acusaciones. Escudarse en el elevado coste de una investigación, cuando los gastos superfluos en la Administración son norma, denota desdén hacia una ciudadanía que tiene derecho a saber cómo se gasta el dinero público. Si un gobierno puede pagar un sobrecoste millonario sin control, el poder judicial que lo vigila debe poder invertir unas decenas de miles de euros en investigarlo. Por otra parte, es muy significativo que la UCO de la Guardia Civil y la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza hayan renunciado a investigar alegando que el asunto era de gran complejidad técnica. Una extraña excusa en la era de la inteligencia artificial y de la computación cuántica. O no son capaces o no quieren hacerlo. En ambos casos, no cumplen su función. Los plazos para avanzar tan poco también son llamativos.

Un cierre sin ninguna investigación es una clausura en falso que alarga la sombra de la sospecha. Reivindicar este modus operandi es no entender nada. Tras aliarse con PSE y PP para que Maddalen Iriarte no fuera diputada general -pese a haber cosechado 15.000 votos más que ella-, a Eider Mendoza lo último que le conviene es reivindicar este legado.