Eider Mendoza, quien gobierna Gipuzkoa tras perder los comicios electorales del pasado mayo con 15.000 votos menos que Maddalen Iriarte, y gracias al apoyo del PSE y el PP, ha salido con una ansiedad inusitada para quien ostenta un cargo como el de Diputada General tras conocer el sobreseimiento provisional, que aún es recurrible, en una de las dos querellas interpuestas por el caso Bidegi (la otra sigue su curso). Este nerviosismo, lejos de zanjar la cuestión como ha pretendido, no ha hecho más que aumentar la sospecha de un cierre en falso de un juzgado comarcal, con pocos medios, menor conocimiento técnico y nula voluntad de llegar hasta el final en la búsqueda de la verdad.

Debemos recordar que el 17 de junio de 2011, seis días antes de que Bildu accediera al Gobierno foral, la sociedad pública Bidegi acordó de urgencia dos liquidaciones de obra de 13 y 17 millones de euros por sendos tramos de la AP1 que fueron inaugurados dos años antes. Estos dos tramos finalizaron con unas desviaciones de más del 50% de lo inicialmente presupuestado y contratado. Era habitual en Bidegi que todas las obras se desviaran mucho. Inaceptable desde el punto de vista de gestión pública y moralmente escandaloso, porque las obras deben valer lo que valen y con un margen de desviación, si lo hubiere, más razonable. Era habitual que las constructoras pidieran mucho más dinero del presupuestado aduciendo que finalmente el trabajo había sido mayor, que había habido imprevistos, que el material era más caro, etc. Un buen gestor público no lo habría permitido. Pero era habitual que las constructoras finalmente se salieran con la suya. Y como pudimos comprobar, cobraron hasta por conceptos o cantidades no ejecutadas.

Realmente fue una casualidad que descubriéramos que en un vertedero de tierras supuestamente colmatado faltaban 900.000 metros cúbicos de tierra que se habían abonado (lo que equivale al volumen de todo el estadio de Anoeta). Es decir, se había pagado por algo inexistente. Solo cabía una opción para un movimiento político que cree en la honradez en la gestión y tiene por bandera el buen gobierno de las instituciones de todas: la de poner en manos de la Justicia la investigación realizada. Mirar para otro lado habría sido prevaricar en lo penal y ser cómplice en lo moral. La investigación posterior descubrió que no solo se pagó de más por tierras inexistentes, sino también por otros conceptos que fueron inflados en las liquidaciones, camuflados en mediciones de túneles, etc.

Ocho años ha tardado el Juzgado de Azpeitia en atreverse a intentar cerrar el caso con un Auto de tan solo siete folios. Un caso por el que han pasado casi una decena de jueces (la actual solo lleva con el asunto desde febrero, en un proceso con miles y miles de páginas para estudiar), en el que la Unidad de delitos económicos de la Ertzaintza y la UCO de la Guardia Civil han dictaminado que no tienen capacidad para analizar por su complejidad técnica el contenido de las periciales presentadas por las partes y por tanto era necesaria una investigación pericial imparcial. También lo solicitó el Ministerio Fiscal en el inicio del procedimiento, y lo solicitó la acusación popular formada por cuatro exjunteros de Bildu. La juez ha dictaminado que una tercera pericial es presupuestariamente desproporcionada. Como dato: las periciales presentadas por las partes no ascienden a más de 50.000 euros. El presupuesto presentado por una ingeniería a solicitud del juzgado asciende a 288.040 euros, cantidad que la acusación popular considera excesiva y que se podría rebajar de manera sustancial.

No obstante, ¿es desproporcionada dicha cantidad cuando se está investigando un posible delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental que ha supuesto a las arcas públicas 17 millones de euros? ¿No merece la ciudadanía vasca el conocimiento de la verdad y la tutela judicial efectiva cuando se trata de dinero público?

Qué decir de la actitud de la Diputación Foral de Gipuzkoa del PNV. Desde el inicio se posicionó a favor de los investigados a pesar de ejercer la acusación particular teóricamente contra esos mismos investigados. En 2021 solicitó el archivo de la causa. Alguien tenía prisa por cerrar un caso que incomoda.

El tono de la reacción de la Sra. Mendoza al conocer el sobreseimiento provisional ya lo conocíamos desde que era vocera del PNV en la Juntas Generales. El discurso también: Estas querellas se presentaron para atacar a un partido que ha demostrado constantemente su honradez en la gestión. La mejor defensa debe ser un buen ataque. En marzo de 2015, la entonces juntera aderezó este discurso con una clara amenaza: “Estén donde estén en el futuro (Martin Garitano y Larraitz Ugarte), esto no lo vamos a dejar así”. Amenaza que no se ha atrevido a reiterar desde su recién estrenado cargo pero que para que los lectores lo sepan se ha cumplido con personas que han trabajado en la elaboración de estas querellas, quienes han tenido que ver cómo se les vetaba de contratos o directamente han tenido que cambiar de profesión para poder trabajar. Alguno ha sido incluso denunciado en el Juzgado de Azpeitia por prevaricación. Por suerte, el caso contra esta persona fue archivado.

El ingente esfuerzo, la honradez y el compromiso con la búsqueda de la verdad de estas personas y empresas ha sido un impulso para que siga creyendo en la regeneración democrática y en unas instituciones que pueden ser gestionadas con el único objetivo de lograr que los recursos públicos sean puestos a disposición de la mejora de la vida de toda la ciudadanía. Además, estas querellas, independientemente de su recorrido judicial han servido, según me refiere la gente del sector, “para que ya no se negocien las liquidaciones de obra con un Bourbon y un Cohiba en la boca, ahora todo el mundo cuida mucho más las mediciones de obra” y, por ende, el destino del dinero público. Que no es poco.