La memoria anual de la Fiscalía General del Estado y en especial la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española destapan las obsesiones y la agenda de una de las estructuras de poder más arcaica y punitivista del Estado español. En este sentido, el informe sobre el 2022 no defrauda. Desde la perspectiva de la frenética actividad represiva que este órgano judicial ha tenido contra la disidencia vasca tras la muerte de Franco y desde la conversión automática del Tribunal de Orden Público (TOP) en la Audiencia Nacional, resulta chocante la confesión de que tras la «disolución y desarticulación» de ETA y Grapo el «enaltecimiento del terrorismo» se ha convertido en «un delito de casi imposible condena». Los relatores de la ONU, los tribunales europeos a cuenta de los músicos, Estrasburgo en la sentencia que absolvió a Tasio Erkizia, Amnistía Internacional y otras entidades han denunciado una y otra vez que las reformas penales introducidas a raíz de los «pactos antiterroristas» no cumplen los estándares de un Estado de derecho. Aun así, esos artículos no se han derogado y la Fiscalía los aplica a pesar de admitir que no es realista lograr condenas por lo que serían delitos de opinión.

Por otro lado, la memoria incluye un apartado dedicado al «Ecologismo radical», al que sitúa dentro de las posibles amenazas de «terrorismo nacional», en contraposición al «terrorismo internacional». Es una locura y una barbaridad. La Fiscalía señala el peligro de que las acciones de este movimiento se «incrementen al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible» (sic). Hay que tener en consideración que el año pasado detuvieron en el Estado a 31 ecologistas frente a 14 ultras de extrema derecha, lo que indica claramente cuáles son las prioridades.

Ahora que se está debatiendo la cuestión de la amnistía en el caso catalán a cuenta de la investidura, sería aconsejable ampliar el ejercicio y revisar los apartados en los que la legislación española ha degenerado hasta convertirse en un riesgo para los derechos y las libertades. Si necesitan una pista para detectarlos, basta con seguir todas las leyes y reformas aplicadas a la disidencia vasca en estas décadas.