Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 6.402 personas fueron víctimas de los llamados «falsos positivos» cometidos durante los dos gobiernos del expresidente Alvaro Uribe (2002-2010).

«No podemos pasar página, la vamos a pasar cuando la leamos, cuando sepamos lo que realmente ocurrió. Estos jóvenes no eran guerrilleros, no estaban realizando acciones conflictivas. Eran hombres cuyas vidas y sueños se truncaron por la acción criminal de integrantes del Ejército Nacional», declaró el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, en un evento público el martes en la céntrica plaza Bolívar de Bogotá. Quince años le ha costado a un Gobierno colombiano pedir perdón por uno de los capítulos más oscuros de su reciente historia.

Velásquez, quien pidió perdón por 19 «falsos positivos» cometidos en 2008 en el Departamento de Norte de Santander, se ha convertido en el primer titular del Ministerio de Defensa, del que depende el Ejército, en dar la cara por los «falsos positivos».

«Tenemos que saber exactamente qué ha ocurrido con estas ejecuciones extrajudiciales, con la desaparición, desplazamientos y dar con quienes se han beneficiado de esta política de guerra y con quienes están detrás de todos estos actos», añadió. El comandante del Ejército, el general Luis Ospina, se sumó a las disculpas de Velásquez.

Las familias de las víctimas exigieron que también estuvieran presentes los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos -entonces ministro de Defensa-, así como los generales del Ejército que lideraron las Fuerzas Armadas durante los «falsos positivos».

NEGACIÓN DE ÁLVARO URIBE

Pese a todas las evidencias y testimonios de militares en retiro ante la JEP y la Comisión de la Verdad, Uribe negó que durante su Gobierno se cometieran ejecuciones extrajudiciales al amparo de la doctrina del «enemigo interno» y de la política de Seguridad Democrática.

«El presidente Petro, como algunos de mis críticos, dice que nuestro Gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes. Nuestra política siempre, prefirió la desmovilización. En efecto, hubo 53.000 desmovilizados», dijo.