Han pasado 40 años del inicio de los GAL. ¿Cuánto se sabe y cuánto falta por saber?

Tanto sobre los hechos delictivos cometidos como sobre la estructura y funcionamiento de los GAL el conocimiento es fragmentario y, por tanto, incompleto. Los procesos judiciales han sido escasos y los que se incoaron quedaron muy lejos de investigar en profundidad todo ello. Sí es un hecho notorio que su creación fue una decisión política del Gobierno socialista, en cuya materialización tuvieron relevante intervención el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa. Por ello, hay que arrinconar la expresión ‘guerra sucia’ y referirse a los GAL como lo que realmente fueron: terrorismo de Estado.

Ha distinguido habitualmente diferentes generaciones de terrorismo de Estado. ¿Qué características tuvo esta y qué se sabe de su génesis?

En el nacimiento hay varias notas reseñables. Se abre tras un debate teórico interno en el PSOE sobre el modelo de lucha antiterrorista a adoptar y sobre cómo actuar en el que denominaban ‘santuario francés’. La aportación del Cesid y de relevantes personas del Estado Mayor de la Guardia Civil serán claves.

Otra singularidad es que la ejecución de las acciones violentas no se llevara a cabo a través de mercenarios exclusivamente, como ocurrió en la primera generación con el Batallón Vasco Español. Participaron de manera material y directa miembros de la Policía y de la Guardia Civil, además de responsables políticos del Ministerio del Interior, llegando hasta el máximo nivel; el ministro Barrionuevo.

Como tercer elemento, la existencia en esta fase de un organigrama del terrorismo de Estado. Configurado por diferentes niveles y responsabilidades, y con una mesa de coordinación con cuatro patas: Ministerio del Interior, Guardia Civil, Policía y Cesid. Esta coordinación se centraliza en Madrid, pero también funciona la mesa a niveles territoriales, lo que explica el protagonismo de los gobernadores civiles como Julen Elgorriaga o Julian Sancristobal.

Ambas generaciones coinciden en utilizar como método de acción la desaparición por secuestro.

Intxaurrondo era el foco principal, ¿o único? de los «GAL verde». ¿Qué funcionamiento dejó a la vista la investigación sobre Lasa y Zabala?

El Servicio de Información de la Guardia Civil de Gipuzkoa dirigido por Rodríguez Galindo tenía una característica que lo hacía idóneo para implicarse en el terrorismo de Estado: su estanqueidad. Era una estructura de servicios especiales configurada como unidad autónoma en su funcionamiento, que presentaba un gran hermetismo e impenetrabilidad frente a cualquier control, en particular frente al de procedencia judicial. Se había constituido en un espacio opaco, cerrado y totalmente inaccesible. Todo gracias a un marco legal antiterrorista que posibilitaba actuar en condiciones de clandestinidad y de manera antirreglamentaria.

La ventaja de todo ello para desarrollar acciones violentas contra ETA y reducir al mínimo el riesgo de ser descubierto era evidente. Esta característica no se daba de manera tan intensa en el seno de la Policía Nacional. Esa manera de operar ya nos constaba por los procesos judiciales por torturas, pero la investigación del sumario sobre Lasa y Zabala lo ratificó plenamente.

La cadena de mando determinada en la sentencia llegó hasta Galindo en lo policial-militar y a Elgorriaga en lo político. ¿Se quedó corta? ¿Hay indicios para apuntar a escala superior?

Por supuesto. Lo dijo muy claramente el juez instructor Gómez de Liaño cuando concluyó la instrucción tras más de dos años investigando lo ocurrido. Se refirió a una ‘frondosa y negra espesura de silencios y complicidades’ que impidió que las salpicaduras de tan graves delitos alcanzaran a otros responsables.

En el relato que hizo Felipe Bayo en verano de 1997 señaló que uno o dos días después de los primeros interrogatorios a Joxi y Josean, y en un hotel que estaba a un escaso kilómetro de distancia de La Cumbre, Galindo y Elgorriaga cenaron con Rafael Vera. Tras la cena, Galindo vuelve a La Cumbre satisfecho y contento, y les ratifica que hay luz verde para actuar ‘en Francia’.

Tratamos de profundizar en esa información porque podía conducir a la imputación de Rafael Vera como partícipe en los hechos principales; se pudo obtener la verificación de que la cena se había producido a través de un responsable del hotel; estaban identificados los camareros que atendieron la mesa, pero se nos comunicó que no deseaban declarar en juicio, por razones que eran plenamente atendibles. Al final, Vera fue juzgado y absuelto de los delitos de malversación y encubrimiento.

Hubo muchas presiones en aquella instrucción. Sobre el juez, sobre testigos, también sobre usted, con intento de agresión en sede judicial...

Toda la instrucción se desarrolló en una atmósfera de coacción e intimidación y con un lenguaje provocador por parte de la defensa de los imputados. Pero no produjo efecto alguno ni en el juez ni en quienes ejercíamos la acusación.

No ocurrió lo mismo con algunos testigos, principalmente miembros de la Guardia Civil, que habían facilitado datos incriminatorios. Se vieron obligados a rectificar sus declaraciones iniciales o no se atrevieron a reproducir lo que habían manifestado a periodistas que investigaban.

La aplicación de la ley de protección de testigos, que había entrado en vigor un par de años antes, evidenció su invalidez e ineficacia para estos supuestos. Galindo y su grupo solo necesitaban unos minutos para identificar al guardia civil que había dado la información y seguidamente activar la maquinaria de amenazas, coacciones, chantaje, y agresión física si era necesario, para que esa persona cambiara su testimonio.

¿Temió en algún momento que toda la investigación pudiera frustrarse sin llegar siquiera a la vista oral?

El inicio de la instrucción judicial por parte del juez Bueren fue decepcionante, transmitiendo falta de interés y escasa voluntad de indagar lo ocurrido. Su sustitución por Gómez de Liaño en enero de 1996 cambió radicalmente la situación, se activaron las diligencias y cuatro o cinco meses después ya había acordado los procesamientos de Dorado y Bayo, y luego el de Vaquero.

Nuestra preocupación principal era que teníamos testigos de importantes datos circunstanciales (López Carrillo y otros), testigos de referencia (Txofo Miguéliz), documentos del Cesid, etc., pero carecíamos de una prueba directa de los hechos que permitiera integrar todo ello y acudir al juicio oral con un patrimonio probatorio sólido. Se consiguió en agosto de 1997, cuando Bayo cambió de estrategia de defensa. Hizo varias declaraciones judiciales que, aunque solo reconoció su presencia e intervención en el edificio de La Cumbre, y nada dijo sobre lo acaecido en Baiona y en Alicante, permitieron que los indicios contra los procesados se reforzaran. La posterior inspección ocular de La Cumbre con Bayo acreditó que tenía un conocimiento del lugar solo entendible si había estado previamente en el edificio. Su testimonio adquirió más valor.

Pero luego en la vista oral no ratificó esas declaraciones...

Era lo esperable. Pero el tribunal entendió que eran más verosímiles las declaraciones de agosto de 1997 que, valoradas con el resto de pruebas practicadas, permitieron inferir la autoría de los cinco condenados en los hechos ocurridos en los tres escenarios físicos. No era razonable que quienes controlaron lo que aconteció en La Cumbre no lo hubieran hecho del secuestro previo en Baiona y del posterior asesinato en Alicante, cuando todo se había llevado a cabo bajo criterios de unidad de proyecto y unidad de acción.

Si fue reivindicado por los GAL, ¿por qué no hubo condena por «pertenencia a organización terrorista»?

La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo crearon una jurisprudencia específica para los GAL con el objetivo de no admitir como verdad judicial que el Estado creó, amparó, financió y potenció una auténtica estructura terrorista. Ello se consiguió haciendo que en los sumarios de los GAL en los que se daba por probada la intervención de funcionarios públicos o autoridades políticas nunca se considerara que estuviéramos ante una organización terrorista.

Se utilizaron excusas y argucias varias. En las sentencias se puede leer que el aparato estable de los GAL lo formaban los mercenarios, y no Amedo y Domínguez; que quienes intervienen en el secuestro de Marey no era un grupo estable, porque era la primera vez que se hizo uso de las siglas GAL y, además, no se utilizaron armas; que no consta que el Servicio de Información de la Guardia Civil se hubiera utilizado en otro hecho atribuido a los GAL y, además, el secuestro de Joxi y Josean fue anterior a la primera reivindicación en nombre de los GAL. Se intenta presentar las acciones como aisladas, desvinculadas entre sí, y no relacionadas con la estructura de esa organización.

Paralelamente a ello, esos tribunales no tuvieron problema alguno en condenar por el delito de pertenencia a organización terrorista a los mercenarios que participaron en asesinatos reivindicados por los GAL (casos Leyba, Machicote-Brion, Caplanne 2ª sentencia). Los GAL son una organización terrorista pero solo cuando quienes actúan son mercenarios, no cuando se trata de funcionarios policiales o cargos públicos.

¿Qué falta por esclarecer? ¿Hay autores impunes?

Faltan aspectos puntuales del relato, pero en su globalidad está descrito y acreditado, incluso más allá de la estricta verdad judicial. Y de lo probado se deduce que tuvieron que participar más personas. De hecho, Bayo implicó a un teniente y a un capitán de la Guardia Civil en lo acontecido en La Cumbre, pero el juzgado entendió que los hechos estaban prescritos dado que solamente se les podía imputar el delito de detención ilegal. También es razonable concluir que en Busot, en el momento de los asesinatos, no solamente estuvieron Dorado, Bayo y Vaquero.

Pero el mayor vacío está en los niveles altos del organigrama al que antes me refería. Más de 15 días antes del secuestro, en una nota de despacho del Cesid de 28.9.1983, se anunciaba no solo el inicio de acciones violentas en el sur de Francia con carácter inmediato, sino que la Comandancia de San Sebastián iba a intervenir. Esa información estaba en manos de Felipe González y también de la Mesa de Coordinación, es decir, de quienes definían la estrategia y el diseño operativo del terrorismo de Estado. A esos niveles la impunidad es total.

¿Y por juzgar? El «caso Lasa-Zabala »es una excepción, aunque aparatos del Estado insistan en decir que la trama está juzgada...

No solo no se ha juzgado, sino que no se ha investigado. Es lo que acabo de indicar, pero trascendiendo del caso concreto al conjunto de la actividad de los GAL. En los sumarios que llegaron a juicio prácticamente solo se juzgó a quienes tuvieron una intervención directa y material. No estaban quienes intervenían en las decisiones estratégicas y operativas, facilitando armamento, medios económicos, infraestructura e información.

Alberto Perote, en una de sus declaraciones, reconoce que los GAL nunca constituyeron objetivo informativo del Cesid ni se ordenó nunca su investigación o persecución. Lo mismo ocurrió con la Policía y la Guardia Civil. No era necesario investigar, se conocía lo que era porque lo habían auspiciado.

Puntualmente salen datos relacionados. Barrionuevo se autoinculpó del intento de secuestro de Larretxea, casi paralelo. Y se escuchó el audio de Intxaurrondo en que se habla de ello. ¿Son nuevos hilos? ¿Cabe tirar de ellos?

La reapertura de cualquiera de los sumarios de terrorismo de Estado está condicionada a la aparición de nuevos indicios relevantes sobre los hechos o sobre las personas que participaron. Está el problema de la prescripción de los delitos y la consiguiente extinción de las responsabilidades penales. Pero no debiera obstaculizar la búsqueda de la verdad de lo ocurrido. Esta pauta es la que se sigue en la Audiencia Nacional respecto de hechos reivindicados por ETA en los años 80, y no hay razón para que no deba aplicarse también al terrorismo de Estado.

Dado el tiempo transcurrido, solo hay dos vías que lo pueden hacer posible: la confesión de alguna de las personas que intervino de manera directa en cualquiera de las fases que condujeron a la ejecución de los delitos, tal y como ha hecho Barrionuevo; o la desclasificación de documentos del Cesid que aporten información directa y concreta sobre esos crímenes de Estado. Esto último parece difícil si atendemos a lo que está pasando con la aprobación de una Ley de Secretos Oficiales que sustituya a la de 1968.

Usted acompañó a las familias desde el primer momento. ¿Cómo vivieron este calvario, agravado por las cargas en Hondarribia y Tolosa?

Son hechos inolvidables el desplazamiento al cementerio de Alicante para examinar los restos o la visita al paraje de Busot en donde aparecieron. E imágenes imborrables lo ocurrido en el aeropuerto y en el cementerio de Tolosa aquel día de junio de 1995. Hoy me sigue pareciendo inexplicable la actuación de la Ertzaintza. La orden del juez Bueren era inequívoca, no requería interpretación. Una vez trasladados los restos de Joxi y Josean a Hondarribia, debían entregarse a sus familiares. Literalmente decía, «hágase entrega».

Ante la negativa de la Ertzaintza a entregar los féretros en el aeropuerto, exhibí esa resolución judicial al mando. Este efectuó una llamada telefónica al juez Bueren, quien le confirmó su contenido. A pesar de ello, la Ertzaintza desobedeció el mandato judicial.

Es cierto que, también por indicación judicial, la Ertzaintza debía adoptar medidas para impedir la apertura de los féretros, pero ello debía hacerse con criterios de idoneidad y proporcionalidad, acordes a una situación como las que estaban viviendo las familias y amigos tras doce años inacabables de sufrimiento y dolor. En ese contexto era inimaginable una hipótesis de apertura de féretros. Y, en todo caso, siempre debía respetarse la orden de entrega a las familias.

En el propio cementerio se volvió a retrasar la entrega, lo que generó mayor tensión, y finalmente la carga de la Ertzaintza contra los familiares y allegados. Las imágenes hablan por sí mismas.

Las familias reclaman que se les reconozca como víctimas. ¿Por qué no se admite?

No cabe duda de que los hechos responden al concepto de «desaparición forzada» que establece la Convención Internacional de 2006. Y el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido a los familiares como víctimas indirectas en las desapariciones forzadas, atendiendo sobre todo al sufrimiento subjetivo de las víctimas a la luz de las específicas circunstancias, particularmente dramáticas, del caso concreto. Es una doctrina que se inició en demandas contra Turquía relativas al conflicto kurdo.

La razón de no reconocer es puramente política. Supondría aceptar que ha existido terrorismo de Estado y ya hemos visto que ni los tribunales han querido dar ese paso.