Tres militares y una cuarta persona fueron detenidos el martes por propinar una brutal paliza a un joven a la salida de una discoteca en Iruñea. Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre y están grabados en un vídeo que en las últimas semanas ha circulado con fruición por las redes sociales. Ayer, el juzgado de guardia decidió ponerlos en libertad provisional tras acusarlos de un delito de lesiones. Deben comparecer semanalmente en el juzgado y no podrán acercarse a la víctima, que sufrió numerosas contusiones y traumatismos, por los cuales tuvo que ser intervenido en el hospital.

En Euskal Herria, con escándalos tan recientes como el caso de los jóvenes de Altsasu, el abismo existente entre el tratamiento político, judicial y mediático que recibe cada caso resulta hiriente, a la vez que ilustrativo. Un incidente menos grave, en el que la presunta víctima resulta ser un guardia civil, acaba siendo derivado a la Audiencia Nacional, juzgado por terrorismo y sentenciado a largas condenas de cárcel. Unos hechos grabados en vídeo con militares españoles como protagonistas de una escalofriante paliza a un joven son ventilados en un juzgado de guardia ordinario con la imputación de un delito por lesiones. Teniendo en cuenta las dos varas de medir existentes para estos casos tanto en instancias judiciales como mediáticas, no cabe esperar justicia.

Más allá de pertinentes agravios comparativos, también cabe poner el foco sobre el perfil de los agresores. Que sean militares españoles, es decir, miembros de una institución armada de genealogía franquista, historia colonial e historial impune, refugio de valores retrógrados y antidemocráticos, no es precisamente una anécdota. La Constitución eleva a las Fuerzas Armadas a los altares de la salvaguarda del Estado español, creando un caldo de cultivo en el que sus miembros pueden sentirse intocables, hagan lo que hagan. Esa impunidad los convierte en un peligro para la convivencia, como lo muestra este caso y muchos otros previos. Una ciudad de larga y orgullosa tradición antimilitarista como Iruñea no puede permitir que se proteja a estos agresores.