La batalla por unas pensiones dignas continúa en el Estado francés. Después de que el Ejecutivo galo impusiera por decreto la reforma que, entre otras cuestiones, elevó la edad de jubilación, ayer se convocaron movilizaciones coincidiendo con el inicio del debate sobre el presupuesto de la Seguridad Social para 2024. El Gobierno pretende recortar 1.000 millones de déficit durante los próximos tres años, para lo que ha barajado diversas medidas. Algunas, como el aumento del precio de los medicamentos o de las consultas médicas, son muy impopulares y están prácticamente descartadas.

Usar la reserva de la caja de las pensiones complementarias ha sido otra de las posibilidades que ha puesto sobre la mesa. En el Estado francés son obligatorias, se basan también en el sistema de reparto y se financian con las aportaciones de trabajadores y empresarios. Los agentes sociales gestionan la caja y se oponen a que el Ejecutivo utilice parte de los 68.000 millones de reserva con que cuenta para enjuagar el déficit de la Seguridad Social. Al parecer, la primera ministra, Élisabeth Borne, habría descartado utilizar esta vía, a la que se oponen tanto diputados de la izquierda como de la derecha, temerosa de que pueda terminar en una moción de censura. De este modo, la necesidad que ha impuesto la ortodoxia de la Unión Europa de equilibrar las cuentas de los sistemas de pensiones se está revelando, además de inútil, como un callejón sin salida. Es estéril, en tanto en cuanto, el Estado siempre puede financiar cualquier descubierto que se produzca. De hecho, nadie plantea equilibrar el presupuesto militar, por ejemplo, para el que además siempre existe disponibilidad presupuestaria. La obsesión por el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social solo trata de camuflar la determinación de la Unión Europea de recortar las prestaciones públicas y el estado de bienestar en beneficio del capital privado.

El empeño de Bruselas con el equilibrio presupuestario coloca en una posición imposible a los gobiernos, socava su legitimidad y no hace sino agudizar la crisis política, alimentando a la extrema derecha. Los criterios financieros no pueden estar por encima de decisiones políticas.