El 5 de octubre la parroquia San José, situada en el barrio gasteiztarra de Arana, acogió una asamblea convocada por la asociación de vecinos Aranako para tratar los problemas de convivencia detectados a raíz de la ocupación de una lonja por parte de unos jóvenes el pasado verano. Decenas de personas acudieron a una cita que puso de manifiesto la existencia de un problema social profundo con un trasfondo claro: el modelo de acogida diseñado por las instituciones públicas y la atención que se da a las personas sin recursos.

En declaraciones a GARA, Peio Salazar, portavoz de Aranako, explica que «hay una serie de personas no fijas en el barrio, que tienen un problema de desarraigo, de falta de estructura y de ayudas, y alguno de adicciones, que están utilizando una lonja ocupada», lo que ha provocado recelos entre algunos vecinos que reclaman seguridad. Él, sin embargo, insiste en la derivada social del problema, incidiendo en que los jóvenes que habitan en la lonja «están excluidos del sistema social».

Advierte de que no todos cumplen los requisitos para acceder a servicios sociales o para participar en programas formativos. «Algunos tienen expediente policial y, por tanto, quedan eliminados», detalla, y lamenta que «están en un limbo que les obliga a tirar como puedan y, a veces, por desgracia, es delinquiendo». «Es un problema de la sociedad el integrar a esas personas, que están totalmente excluidas, y el primer paso puede ser el padrón».

En el caso de las personas que viven de forma irregular en lonjas, ya sea en Arana u otros barrios, la vía de acceso es a través del padrón social, cuya tramitación, como advierte Salazar, «no funciona igual en todos los sitios». «Si una persona va acompañada por profesionales de empresas de integración -en alusión a entidades del tercer sector social- igual es más fácil», apunta, aunque remarca que «no hay ninguna facilidad real para conseguirlo. Eso lo tiene que cambiar el Ayuntamiento. Eso está en su mano y es muy fácil».

COMPARECENCIA EN COMISIÓN

Esta será sin duda una de las peticiones que trasladarán a los grupos municipales en la Comisión de Políticas Sociales y Juventud e Igualdad y Convivencia, prevista para el lunes. Comparecerán a petición propia, ya que, «al menos con Arana, el Ayuntamiento no se ha puesto en contacto».

Su objetivo es lograr una respuesta a nivel municipal. «El problema está focalizado en una serie de barrios pero el problema es de la ciudad», detalla antes de hacer hincapié en la necesidad de realizar un «planteamiento global». «No vamos a pedir una solución para Arana, o para Errota, o para Alde Zaharra. Vamos a pedir una solución para la ciudad», subraya, y advierte de que puede que lleguen más personas sin garantía habitacional. «El problema es real y no va a desaparecer, por lo que hay que actuar».

A su juicio, es preciso ampliar los recursos del servicio Hurbil, formado por un equipo profesional de intervención socio-educativa. «Desde 2010 no sé si hay dos o tres profesionales, y es evidente que ahora no llegan a cubrir las necesidades de la ciudad. Son unos profesionales como la copa de un pino, eso no se pone en duda, pero los recursos humanos no llegan a la realidad de la ciudad», afirma.

«Queremos que amplíen la plantilla de Hurbil, que es el primer contacto que tienen que tener estar personas. Y el segundo contacto es el padrón social», añade, abogando nuevamente por facilitar la inscripción, paso necesario para poder optar a otro tipo de servicios y recursos. Para solicitarlo es necesario acudir a Urgencias Sociales o al Servicio Social de base correspondiente y realizar una entrevista con un o una trabajadora social, que se encargará de realizar un informe.

En Arana, los técnicos de servicios sociales se han puesto en contacto con los jóvenes que viven en la lonja «y están trabajando muy bien, pero luego los chavales no van a las citas», lamenta Salazar, que propone la participación del Servicio de Intervención Socioeducativa (SISE). «Estos integradores sociales acompañan a los usuarios a hacer distintos trámites», señala, proponiendo que se amplíe el servicio para que «estas personas y otras puedan tener un acompañamiento».

Por último, reclamarán medidas para hacer frente al «evidente» problema habitacional que se da en Gasteiz. Basta con señalar que hay 9.500 personas a la espera de un alquiler social y no llega al centenar el número de viviendas en alquiler privado ofertadas en un conocido portal inmobiliario. Salazar recuerda que las instituciones cuentan con «miniproyectos», como el Housing First de la Diputación.

«Está pensado para dos casas y dos usuarios por casa. Es decir, un servicio de cuatro recursos habitacionales. Es totalmente insuficiente. Y lo mismo ocurre en el caso del Gobierno Vasco, que va a poner en marcha en Álava el programa Trapezistak, pero va a tener muy pocas plazas», apunta, y recuerda que entre los requisitos de dicho programa figura no tener antecedentes penales, dejando fuera a quienes hayan podido delinquir, sin reparar en que pueden deberse a «problemas de adicción o psicológicos». «Nunca van a ser atendidos y nunca van a poder insertarse en la sociedad, que debe ser el objetivo», manifiesta.