La Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD-DHE) de Euskadi denunció ayer, con motivo del Día Internacional de la Muerte Digna, que el porcentaje de eutanasias realizadas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa en relación a las solicitudes es del 31%, a su entender, «bastante bajo» y sin que la información oficial disponible «clarifique suficientemente» los motivos de esos rechazos.

La agrupación dio a conocer estas cifras en una comparecencia en Bilbo a cargo de dos de los integrantes de su junta directiva, Contxi Castells y Julen Goñi.

En concreto, ambos portavoces informaron de que, según el último informe de la comisión de garantías, a fecha de diciembre de 2022, de las 128 solicitudes de eutanasia, 39 fueron aceptadas y otras ocho, rechazadas.

RETRASOS EN LOS DVA

A su juicio, lo más llamativo es que 69 de ellas, el 54%, ni siquiera llegaron a la comisión para ser evaluadas y, desde DMD-DHE, «no saben por qué motivos».

Tras lamentar que tampoco se ha creado el Observatorio de la Muerte Digna, a diferencia de otras comunidades como Nafarroa, Asturias o Catalunya, criticaron la «escasa dotación para cumplimentar los Documentos de Voluntades Anticipadas (DVA)», lo que provoca «retrasos en el sistema de información y registro de los mismos».

En este sentido, calificaron de «inaceptables» las listas de espera para registrar el documento DVA, que en el caso de Bizkaia, llega alcanzar un año de espera.

En su comparecencia, detallaron igualmente que, en lo que respecta a la CAV, desde su asociación lamentan «las deficiencias» que se están dando tanto en lo relativo a la aplicación de la Ley de Eutanasia (LORE) aprobada por el Gobierno estatal hace dos años, donde en este periodo se ha hecho «muy poco por su desarrollo», como en lo que respecta a la Ley aprobada en 2016 de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida.

Respecto a esta última, criticaron que, entre las deficiencias en torno a su aplicación, «sin duda la más flagrante y dañina para la ciudadanía es la escasa, por no decir nula, información a la sociedad de sus derechos al final de la vida», aunque tampoco se ha realizado cada dos años, prosiguieron, el estudio acerca del cumplimiento que exige la citada Ley 11/2016.

A su entender, estas deficiencias suponen «ignorar» los mandatos de la propia ley».