Ante el cúmulo de resoluciones judiciales contra la normalización del euskara, las calles de Bilbo acogerán hoy la convocatoria de Euskalgintzaren Kontseilua. La mayor parte del espectro político, social e institucional vasco ha denunciado esas sentencias provocadas por fuerzas reaccionarias cuya presencia es insignificante en las instituciones y en la sociedad vasca pero que pretenden que su criterio prevalezca por vía judicial.

Hoy saldrán a las calles de Bilbo la preocupación y el hartazgo por esa ofensiva contra el euskara. Preocupación porque no es baladí el hecho de que esos ataques sean protagonizados por instancias judiciales, y hartazgo porque no se trata de un proceder aislado, sino cada vez más frecuente y vinculado al indisimulado descaro de llamar imposición al intento de supervivencia de una lengua, máxime cuando la verdadera imposición lingüística es la del castellano sobre otras lenguas. No casualmente, los principales agentes sociales a favor del catalán, el gallego, el asturiano y el aragonés se han adherido a la movilización de Bilbo. Representan a los hablantes de lenguas que merecen el mismo respeto que el castellano y, dada su situación de desventaja, especial cuidado y promoción. Hablamos de derechos, del derecho a utilizar la lengua propia en cualquier ámbito, por lo que es exigible que este sea garantizado especialmente por la administración pública.

Resulta paradójico y grotesco el hecho de que quienes denuncian la politización del euskara, a la par que se muestran partidarios de la pluralidad lingüística, aplaudan esos ataques judiciales o los «respeten», en la lógica del Estado que ha utilizado secularmente el castellano como instrumento de dominación, la misma lógica que ha guiado las sentencias contra el euskara argumentando que su normalización perjudica al castellano y obviando que la ausencia de medidas favorecedoras de las lenguas minorizadas no solo las daña, sino que pone en peligro su supervivencia. No es labor de los tribunales elaborar políticas lingüísticas, el Estado de Derecho no consiste en la potestad de los jueces de acotar esas políticas y amputar derechos sino, antes bien, de garantizarlos.