Un centro clave de la represión franquista contra las mujeres vascas fue el Chalet Orue de Bilbo, donde, durante cinco años, fueron miles las personas que llegaron a pasar por esa prisión improvisada. Así se señala en el artículo “Mujer y represión franquista en Bilbao: el Chalet Orue”, realizado por los investigadores de la UPV-EHU Antonio Pérez Embeita, Aritz Onaindia Martínez y Jon Penche González, y que ha sido publicado recientemente por la revista “Huarte de San Juan”.

En el mismo se ofrece el perfil de las mujeres que pasaron por esa particular prisión a partir de más de 1.000 expedientes carcelarios, que muestran «una imagen nítida de las características de estas víctimas».

El Chalet Orue era un caso peculiar dentro de las cárceles dependientes de la Prisión Provincial de Bilbo, ubicada en Larrinaga, y se sumaba en suelo vizcaino a las prisiones centrales de mujeres de Zornotza y Durango. Se trataba de una casa particular perteneciente «a una familia de raigambre carlista, cuyos propietarios aparentemente huyeron de la Villa en el contexto de la Guerra Civil».

Aprovechando esa circunstancia y una vez tomada Bilbo por los fascistas en junio de 1937, las autoridades franquistas convirtieron el inmueble ubicado en Santutxu en una prisión improvisada, algo bastante habitual, ya que la «amplitud de la represión obligó a la dictadura a utilizar cárceles de este tipo como solución de emergencia ante la situación de hacinamiento que producía la sobrepoblación penitenciaria».

En ese lugar y durante cinco años, hasta 1942, se fue aplicando a las miles de mujeres que pasaron por él «una represión diferenciada», ya que «el franquismo quería acabar con la imagen de la mujer republicana y lo hizo de forma sistemática y programada. Había que redimirlas ideológica y espiritualmente para que se asemejaran al modelo de mujer franquista, el del ángel del hogar, cuyo papel se subordinaba al del hombre», se señala en el trabajo.

¿Cómo eran las mujeres que pasaron por el bilbaino Chalet Orue? Teniendo en cuenta su edad, la mayoría eran jóvenes, con un 25% que tenía entre 18 y 25 años, y que eran las «más politizadas y fueron la más activas en la lucha antifranquista». Aunque también estuvieron encerradas en ese lugar 65 mujeres de 60 años e incluso hubo casos de ancianas de hasta 80 años.

En lo que respecta a su lugar de origen y de residencia, el más común de las cautivas era lógicamente de Bizkaia, pero había mujeres nacidas en prácticamente todas las provincias del Estado, destacando los casos de Cantabria, Madrid y Málaga. Esta última circunstancia se debería a la emigración, como consecuencia de la revolución industrial vivida en la cuenca minera del herrialde, pero también de la política de dispersión aplicada por las autoridades franquistas.

LA DISPERSIÓN, CASTIGO AÑADIDO

Al respecto, los investigadores de la UPV-EHU añaden que esa dispersión alejaba a las reclusas de sus familiares y amigos, de sus redes de apoyo, «quedando en una situación más vulnerable si cabe». Además, los múltiples traslados hacían que «resultara complicado para las familias saber en qué prisión se encontraba cada reclusa», cuando sus visitas proporcionaban a las presas comida y abrigo, por lo que, en ocasiones, suponían «la diferencia entre la vida y la muerte». Los traslados «a miles de kilómetros de distancia a aquellas personas apresadas por el régimen fueron una práctica habitual, lo cual atiende a un método sistematizado de castigo».

Esa complicada situación personal se volvía dramática en el caso de las mujeres que tenían hijos. El 50% de las reclusas del Chalet Orue no tenía descendencia a causa de su juventud, pero un 20% contaba con cuatro vástagos o más, varias tenían más de diez, y algunas llegaron a dar a luz en pleno cautiverio.

Las madres con hijos menores de 3 años convivían con ellos, lo que suponía «una suerte de doble condena», ya que, debido a las condiciones en las que vivían, «era probable que enfermaran y, llegado el caso, murieran sin haber visto nada ajeno a los muros de la cárcel». Si es que no sucumbían ellas mismas, ya que alrededor de una decena murieron en Orue.

Sobre la presencia de infantes, los autores del estudio señalan que «sabemos que, en 1940, hubo al menos 13 en el chalet, pero pudieron ser más, ya que en los expedientes penitenciarios no se refleja su existencia».

Cuando esos pequeños cumplían los 3 años, no podían quedarse en la prisión, lo que forzaba a las madres a entregar a su hijo a algún familiar que pudiera desplazarse hasta donde estaban encerradas o que otra reclusa que fuera a ser liberada se hiciera cargo. Si no existían ninguna de esas dos opciones, «serían las autoridades franquistas quienes se encargarían, pudiendo estas mujeres perder sus hijos al pasar a estar en manos del Estado».

Sobre a qué se dedicaban estas presas, el 35% se encargaba de las tareas del hogar, «sus labores» según la jerga de la época, aunque también harían su aportación a la economía familiar a través de tareas en el campo o en el mar, en las zonas pesqueras. Del 38% no se da ningún dato y aparecen «profesionales feminizadas como sastra, pescadera o trabajadora del hogar», con un porcentaje de obreras o vendedoras. En cuanto a las profesiones que requieren estudios superiores, «brillan por su ausencia», se indica en el artículo.

CONDENAS DE 30 AÑOS DE CÁRCEL

¿Qué delitos se les imputaba para tenerlas encarceladas? Eran «graves» y principalmente se les acusaba de auxilio y adhesión a la rebelión o rebelión militar, curiosa circunstancia teniendo en cuenta que eran precisamente los sublevados los que se los imputaban. Esas acusaciones llevaban aparejadas como condenas más comunes las de 30, 12 y 6 años de prisión. A la primera y a la última pena fueron condenadas un 30% de las reclusas, respectivamente.

Once mujeres llegaron a ser fusiladas mientras el chalet funcionó como prisión femenina. Tras varios estudios, se ha podido rescatar del olvido sus nombres: María Fernández García, de Barakaldo; Elvira Martínez Pascual, de Bilbo; Teresa Chiches Ledesma, de Bilbo; Cecilia Idirin Garate, de Basauri; Ana Naranjo Martín, de Sestao; Juana Mir García, de Bilbo; Berta Peña Parra, de Sestao; Adelina Fernández Pérez, de Bilbo; Feliciana Echave Artola, de Bilbo; Leónides Antruejo Lorenzo, de Sestao; y Juana Abascal Nicolás, de Castro-Urdiales.

Aunque hubo mujeres que pasaron muchos años en prisión, «en la mayoría de los casos las condenas fueron conmutadas y acabaron beneficiándose de una suerte de ‘indulto’ parcial aplicado por la dictadura a inicios de la década de 1940, cuando la situación de la sobrepoblación penitenciaria se reveló insostenible». Se calcula que en 1940 la población penitenciaria en el Estado era aproximadamente de 270.000 reclusos.

Esa “medida de gracia” se aplicó a personas que tuvieran penas de 6 años o menos, aunque una parte importante dejaba la prisión para sufrir el destierro. Tenían que presentarse ante la Guardia Civil al llegar al lugar en el que iban a residir y su libertad dependía de los informes que realizaban las autoridades locales. Por tanto, era una «libertad relativa, dependiente de las autoridades franquistas y que deja a las reclusas en una situación de precariedad total».

En cualquier caso, como mínimo pasaron un año de media en prisión y, cuando salían en libertad, cargaban con un estigma que condicionó sus vidas al quedar señaladas como “rojas” y «socialmente marcadas».

Las que tenían condenas más alta fueron trasladadas a otras prisiones, como pudo ser la Prisión Central de Mujeres de Saturraran, en Gipuzkoa.

De esta manera se fue vaciando el Chalet Orue, hasta que salieron en 1942 las últimas mujeres encarceladas, que habían sido castigadas «no solo por su esencial labor en la retaguardia, sino que también por haber abandonado su papel tradicional, siendo objeto de una doble represión: política y de género».

Así, «además de ser desposeídas de los derechos políticos y sociales alcanzados en la etapa republicana, pasaron nuevamente a ser excluidas de la vida pública y sometidas al yugo masculino». Todo ello, concluye el estudio, con el objetivo de «volver a anclar a la mujer en el ostracismo y la sumisión».

El pasado noviembre fue inaugurada una placa conmemorativa en recuerdo del desaparecido Chalet Orue como homenaje a todas esas mujeres que fueron encarceladas en ese lugar por el franquismo.