De «prevaricar» para impedir un pacto de investidura acusó ayer el Govern a un sector de la justicia española, en la que Lakua también ve «ideología», mientras que el Gobierno español recordó que la imputación de Carles Puigdemont por el caso de Tsunami Democràtic llega «cuatro años después» y con la Fiscalía en contra de esa decisión.

La postura del Govern sobre la citada imputación fue dada a conocer por la portavoz Patrícia Plaja, quien señaló que «alguien tiene la poca vergüenza, la maldad, de acusar de terrorismo a quienes no han hecho nada más que defender pacíficamente el derecho a decidir» de Catalunya.

Así, Plaja denunció que «aquellos a quienes teóricamente les toca impartir justicia buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando».

También se refirió directamente a la declaración institucional aprobada por el Consejo General del Poder Judicial, con mayoría conservadora, contra la futura ley de amnistía, «un posicionamiento público sin precedentes en contra de legítimas negociaciones políticas», destacó la portavoz.

Sobre esta cuestión, el portavoz del Gobierno de Lakua, Bingen Zupiria, señaló que algunos pronunciamientos que se han producido en el Poder Judicial «tienen más que ver con la política y con la ideología que con la Administración de justicia».

Así, indicó que esta cuestión ha sido objeto de comentario entre los miembros del Ejecutivo durante el Consejo de Gobierno y aludió a las consecuencias que «tiene la politización de la justicia».

Por su parte, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, afirmó que el señalamiento del juez hacia Puigdemont por el caso de Tsunami Democràtic llega después de «cuatro años» de instrucción de la causa. También destacó que la Fiscalía se ha manifestado en contra de esta decisión.

En este aspecto, Rodríguez señaló que no debe emitir una opinión política sobre decisiones judiciales, aunque añadió que «ahí están los hechos para su análisis -en referencia a los medios de comunicación- y el de la ciudadanía. Es una causa que se lleva instruyendo cuatro años y hay otros operadores jurídicos con criterios distintos, como la Fiscalía», afirmó la portavoz.

ACUERDO PSOE-JUNTS

El atasco en las negociaciones entre PSOE y Junts para lograr un acuerdo que permita investir a Sánchez está rebajando las expectativas de hacerla posible esta misma semana.

El ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, afirmó ayer que la negociación «va avanzando», y los negociadores de ambas formaciones señalaron que siguen trabajando para tratar de resolver las «cuestiones técnicas» que frenan el acuerdo, si bien enfriaron las expectativas de un entendimiento inminente y recordaron que el único límite es el 27 de noviembre.

Además, insistieron en la trascendencia de la «primera ley de amnistía de la democracia» y en la importancia de «hacer un buen trabajo». Con todo, fuentes del PSOE señalaron a la agencia Efe que no puede hablarse de pesimismo porque creen que se logrará.

Concentración ultra frente a Ferraz

Miles de personas acudieron ayer por quinto día consecutivo a las inmediaciones de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en protesta contra la ley de amnistía que negocian con Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Entre saludos fascistas, banderas españolas y gritos de “¡Sánchez a prisión!”, “¡Que te vote Txapote!” y “¡Viva Franco!”, varios manifestantes se acercaron hasta las inmediaciones del Congreso español tras cortar al tráfico la Gran Vía ante la pasividad de la Policía española.

Momentos antes, en Ferraz, los concentrados corearon consignas como “No nos engañan Cataluña es España”, “Esa lechera a la frontera”, “Puigdemont a prisión”, “España unida jamás será vencida” y “Sánchez muérete, policía únete”, todo ello junto a una pancarta que reza “España no paga a traidores, amnistía no”.

El partido de ultraderecha Vox pidió a los «funcionarios públicos» de la Policía española que «no acaten aquellas órdenes manifiestamente ilegales» y defendió que debe velar ante todo el respeto al Estado de derecho en otro intento para evitar la investidura de Sánchez.GARA