Cerrado el ciclo de las negociaciones y garantizada la investidura con el respaldo de 179 escaños de los 350 diputados que conforman las Cortes españolas, Pedro Sánchez ya celebra su continuidad en La Moncloa, los grupos vascos valoran los últimos movimientos y la derecha, arrinconada, arenga protestas junto a los ultras.

«Creo que ya lo habéis oído en los medios, pero dejadme confirmároslo alto y claro aquí y ahora en Málaga: España tendrá de nuevo un Gobierno de coalición progresista para los próximos cuatro años que estará liderado por el PSOE», afirmó Sánchez ayer en la clausura del Congreso del Partido Socialista Europeo que se celebró en esa ciudad andaluza.

Salvadas las incertidumbres, la derecha española no ve más remedio para tapar su fracaso que deslegitimar el acuerdo entre PSOE y Junts sobre la amnistía y escorarse hacia la ultraderecha al apoyar las protestas que estos últimos días se han sucedido en Madrid y otros puntos del Estado.

Hoy a las 12.00 han convocado, también en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria, protestas contra lo que el coordinador general del PP, Elías Bendodo, llamó «pacto de la vergüenza». Pidió mostrar «firmeza y moderación» en las movilizaciones donde han encontrado su sitio organizaciones fascistas como La Falange, España 2000 o Desokupa, sin olvidar a Vox.

A este respecto, Sánchez tuvo que salir al paso ayer para pedir «cordura y mesura» al PP y que «acepte el resultado de las urnas». Evitó hablar sobre la amnistía, supuesto germen de las movilizaciones ultras, mencionó que en las elecciones del 23J, los ciudadanos «dijeron que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político del país y su diversidad territorial». Así, frente a un PP que «solo puede acordar con la ultraderecha», el PSOE ha conseguido llegar a acuerdos con todas las otras fuerzas políticas, salvo con Vox y UPN, destacó.

PLAZOS Y CONTENIDOS

El PNV, además de Coalición Canaria, fue la última formación en confirmar sus síes para la investidura de Pedro Sánchez. Uno de los puntos más importantes del pacto, según los jeltzales, es que el futuro Ejecutivo se compromete a culminar las transferencias pendientes en un plazo de dos años. El parlamentario del PNV y presidente del ABB, José Antonio Suso, defendió que esto supone «un avance», para la CAV, con un plazo temporal de cumplimiento «relativamente corto» de las transferencias pendientes.

Sin embargo, el parlamentario del PSE Alberto Alonso confesó ayer que no sabe si «en dos años se podrán realizar todas las transferencias». «Más importante que los plazos son los contenidos», agregó.

El plazo, en realidad, ya fue rebasado antes incluso de que el PNV rubricara este nuevo acuerdo, ya que las competencias debían haber sido transferidas a lo largo de 2020, según el pacto firmado por Andoni Ortuzar y Pedro Sánchez en diciembre de 2019. A este respecto, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero declaró ayer que esta parte del acuerdo suscrito el viernes no es más «un oso que ya se había vendido como cazado».

A pesar de ello, celebró que se va a producir una investidura en el Estado español con un apoyo «plural de fuerzas progresistas y soberanistas», y remarcó que los próximos cuatro años deben servir para abrir el debate de «cómo dar una respuesta democrática a la condición plurinacional del Estado». «Esta partida se debe jugar conjuntamente desde Cataluña y Euskal Herria y, para ello, cada nación debe hacer previamente su debate en términos de país, dejando en segundo plano los intereses de partido y no convertirlo en un bazar», añadió en declaraciones a Radio Euskadi.

Por su parte, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU David Soto se mostró sorprendido con el «reconocimiento nacional» que contempla el acuerdo PNV-PSOE, ya que, a su juicio, el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha hecho «poco» en los últimos años por sacar adelante una actualización del Estatuto.