Los inquilinos de las VPO de Errenteria, Stop Deshaucios y Alokairu se concentraron ayer en Donostia para denunciar «el bloqueo por parte del arrendador Jauregizar» de las negociaciones con Lakua y el Ayuntamiento de Errenteria para renovar los contratos protegidos a 18 familias en situación precaria. Los contratos anteriores llevan finalizados desde mayo de 2022.

Exigieron «la firma inmediata» de la renovación de dichos contratos por diez años con rentas «asequibles» que pongan fin a «esta situación de angustia» que denuncian que se viene prolongando por más de año y medio con la amenaza del desalojo.

Denunciaron que la empresa se acogió, al firmar el convenio con el Gobierno de Lakua en abril de 2007, a «una subvención a fondo perdido del 10% del importe de la construcción de las viviendas más los anexos». Aseguraron que el arrendador ha obtenido liquidez vendiendo a 16 vecinos las viviendas por más de 150.000 euros, lo que han calificado de «especulación».

Instaron a la Consejería y al Ayuntamiento a que presionen al arrendador para que firme la renovación.