GARA
MADRID
ARRANQUE DE LEGISLATURA EN EL ESTADO ESPAÑOL

Puigdemont denuncia que los jueces «ven terroristas donde no los hay»

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional española, Manuel García Castellón, elevó ayer una petición al Tribunal Supremo para que investigue al expresident Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas. El líder independentista catalán considera que la justicia española «es una de las peores de la UE».

Incidentes en el aeropuerto del Prat, en octubre de 2019.
Incidentes en el aeropuerto del Prat, en octubre de 2019. (Marc GONZÁLEZ | EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional española, Manuel García Castellón, remitió ayer al Tribunal Supremo una petición para que investigue por un delito de «terrorismo» al expresident de la Generalitat y europarlamentario Carles Puigdemont, a la dirigente de ERC Marta Rovira y a otras diez personas.

En su exposición, el magistrado señala que para el esclarecimiento de los hechos es necesaria la práctica de diligencias de investigación que no puede ejecutar por estar aforados tanto Puigdemont como el diputado del Parlament de Catalunya Rubén Wagensberg.

Esta petición se enmarca en la causa contra la plataforma popular Tsunami Democràtic, nacida para dar respuesta al juicio contra el procés independentista catalán.

El juez explica al Supremo que Puigdemont se situaría en el «vértice más alto de la organización» de Tsunami Democràtic, y añade que su posición como expresident y «líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable».

Según el magistrado, existen indicios que permiten inferir su participación en el nacimiento y planificación de las acciones de Tsunami. Entre esos indicios cita mensajes de móvil entre su jefe de Gabinete, Josep Lluís Alay, y el empresario Jesús Rodríguez; anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de Twitter del lanzamiento de Tsunami.

A lo largo de su escrito, el instructor repasa las acciones que se atribuyen a Tsunami en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés, como «la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre o el bloqueo de infraestructuras críticas del Estado o europeas como las acciones llevadas a cabo en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la torre de control Enaire de Barcelona-Gavà».

SEGURIDAD DEL TRÁFICO AÉREO

En relación con esto último, García-Castellón destaca la «importancia estratégica de este objetivo, y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida».

«Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas», asegura.

En su exposición el juez explica que en este momento procesal la calificación no puede plantearse en términos excluyentes, y que la gravedad de los hechos y su complejidad permiten subsumirlos en diversas infracciones que encajarían en actos de «terrorismo».

El magistrado analiza los actos que se produjeron el 14 de octubre de 2019 en el Aeropuerto del Prat y señala que se trató de una acción ilícita, puesto que no consta que hubiera convocatoria legal para manifestación o reunión.

AMNISTÍA E INVESTIDURA

Cabe recordar que García Castellón anunció el pasado 6 de noviembre la imputación contra una docena de personas, una decisión llegaba en plena recta final de las negociaciones entre el PSOE y los líderes catalanes sobre la Ley de Amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, acusó al juez de querer influir en dichas negociaciones.

Al respecto en declaraciones a TV3 en Estrasburgo, donde asistió al pleno de la Eurocámara, Puigdemont se refirió al papel del magistrado. «Sabemos perfectamente cuál es su agenda. Es una agenda política claramente. El calendario es político».

Recordó que «llevamos seis años así, son muy previsibles. Ven rebeldes donde no los hay, ven sediciosos donde no los hay, ven terroristas donde no los hay». Definió a la justicia española como «una de las peores que hay en la UE».

En la misma línea, el secretario general de Junts, Jordi Turull, apuntó que «cuando se trata de perseguir independentistas nunca nada es casual, siempre es causal. Es lo que pasa cuando en vez de impartir justicia quieres hacer de justiciero contra el independentismo».