La querella interpuesta ante el Juzgado de Agoitz por familiares de personas que sufrieron esclavitud «en el espacio concentracionario de Igal-Bidangotze-Erronkari» está apoyada por nueve sindicatos -CCOO, CGT, ELA, EHNE, ESK, LAB, Solidari, Steilas y UGT-, que han dado a conocer un comunicado conjunto. Esta querella ya fue suscrita previamente por la asociación Memoriaren Bideak y aportada por la CEAQUA.

Estas centrales recuerdan que más de 2.000 prisioneros antifranquistas trabajaron en condiciones terribles (alimentación deficiente, jornadas abusivas, vestidos con harapos, sin acceso a tratamiento sanitario, frío y castigos corporales) para construir carreteras. Se constataron muertes extrajudiciales y muertes a causa de enfermedad entre los concentrados.

Según indica el manifiesto, «tales condiciones de trabajo y vida son contrarios a la normativa internacional vigente en esta materia: Convenios III y IV de Ginebra, de 1949, sobre Prisioneros de Guerra; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1976; Convenio sobre Trabajo Forzoso de la OIT, de 2006, etc..».

La querella interpuesta por familiares se apoya en que la Ley de Memoria Democrática califica a estas personas como víctimas de violaciones de derechos humanos. Asimismo, se ha catalogado el memorial que les recuerda como Lugar de Memoria Histórica en función de la legislación navarra, por los hechos «de especial relevancia» que allí sucedieron. En ese lugar se celebra un homenaje anual.

CRIMEN CONTRA LA HUMANIDAD

Los sindicatos reclaman, en consecuencia, verdad para esas personas, por lo que la administración debe censar a las víctimas del trabajo esclavo en esos espacios. Asimismo, para hacer justicia, defienden que lo que allí sucedió debe alcanzar la consideración formal de crimen de guerra y contra la humanidad.

A modo de reparación, los sindicatos consideran que los que allí padecieron y sus familias deben tener reconocida su condición de víctimas y tienen derecho a las compensaciones económicas y personales que pudieran derivarse.

La querella respaldada por las centrales fue presentada por familiares de presos que hicieron la carretera entre Igari, Bidankoze y Erronkari, y lo hicieron motivados por la necesidad de «proclamar en voz alta la dignidad de todos aquellos a los que quisieron someter». En concreto, la querella va dirigida contra los responsables de la estructura militar franquista.

Esta carretera fue abierta por más de 2.300 prisioneros entre julio de 1939 y junio de 1941. La obra estaba integrada en la fortificación del Pirineo que la dictadura franquista puso en marcha al terminar la guerra.

En Nafarroa, en total, «unos 15.000 prisioneros y soldados de reemplazo construyeron distintos tipos de búnkeres y fortificaciones y abrieron cuatro carreteras de montaña» en esa época.