En 2018, el PNV, a través del Gobierno de Lakua, intervino directamente para que Iberdrola se ahorrara desmontar las ruinas de la central nuclear y sanear los terrenos que ocupa en Lemoiz para devolverlos a las administraciones públicas, que se los cedieron en 1973 y 1975. Lo hizo, además, renunciando a la exigencia de cualquier tipo de responsabilidades a la empresa energética «por cargas o gravámenes ocultos y vicios o defectos ocultos». Y a pesar de lo hablado sobre la intención de instalar en el lugar una piscifactoría, el BOE hacía constar oficialmente que la Administración autonómica no tenía entonces ningún proyecto para esa zona y tampoco ahora hay concreciones.

Pues bien, desde que el PNV (Aitor Esteban se atribuyó el mérito de la operación) y el Gobierno de Lakua asumieran la propiedad de las ruinas de la central nuclear en 2019, entre lo ya gastado y lo que este mismo mes se aprobará que se gaste en el futuro, el presupuesto público autonómico habrá asumido ya más de 17 millones de euros, dinero que habrá «regalado» a Iberdrola.

Por un lado, están los gastos de seguridad privada en las instalaciones, de los que se da cuenta en la siguiente página y que se sitúan por encima de los 375.000 euros anuales desde la asunción de la propiedad por el Ejecutivo de la CAV.

2,5 MILLONES, AL DIQUE-MURO

Hay que recordar que, en su oferta, el Gobierno de Urkullu renunció a exigir responsabilidades a Iberdrola «por cargas o gravámenes ocultos y vicios o defectos ocultos». Y resulta que en tres años ya se vio que de los 300 metros que tiene el dique-muro que protege las instalaciones, en más de 200 hay «daños muy evidentes» en «el manto de protección».

Como publicó este medio el 21 de julio, dos días antes, el 19, salió a licitación la «dirección de obra de refuerzo del dique-muro de la central nuclear de Lemoiz» por un montante de 60.000 euros. El presupuesto de la obra se fijó en 2.639.294,19 euros. Las cuentas del Departamento de Arantxa Tapia, contemplan una partida de 2,5 millones en 2024 para esta reparación.

DEMOLICIÓN, 12,4 MILLONES

Además, el presupuesto que el 22 de diciembre aprobarán PNV y PSE contempla el compromiso de afrontar la «demolición parcial de aquellas instalaciones que resulten inutilizables para el proyecto que se pretende desarrollar», para lo que se prevén 6,2 millones de euros en 2025 y otros 6,2 millones en 2026.

Según el artículo 72 de la Ley de Costas, cuando acaba la concesión -en este caso el 29 de julio de 2018- «la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas». Es decir, el Gobierno de Madrid podía hacer pagar a Iberdrola la «retirada de la obra y las instalaciones».

Pero no lo hizo por la intercesión del Gobierno de Lakua. El 19 de enero de 2018 Iberdrola ofreció al Gobierno de Madrid la devolución del terreno y las instalaciones «en su estado actual». Apenas tres días después, el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonaindia, sin que conste cómo tuvo información de la oferta de Iberdrola, envió un escrito al Ministerio interesándose por hacerse con los terrenos y las instalaciones tal y como están.

El objeto de la demolición es dejar las ruinas adaptadas para «la instalación del parque terrestre de producción acuícola en Cala Basordas». Para reurbanización y acondicionamiento de las instalaciones que permita la implantación de este parque se comprometen otros 14 millones de euros para 2027 y 2028.

Es preciso recordar que cuando se decidió que la central nuclear de Lemoiz no entrara en funcionamiento, el Estado concedió a Iberdrola una compensación por «las inversiones realizadas» y «los costes de financiación», de 2.273 millones, que se han pagado a través de la factura de la luz.