Medio siglo después de la muerte de Josu Artetxe en el barrio donostiarra de Altza en el transcurso de una operación de la Policía Armada, la fundación Egiari Zor exige saber todo lo que rodeó a aquellos hechos. Denuncia que la documentación que puede ayudar a esclarecer lo sucedido «sigue hoy blindada por una ley preconstitucional» y el proyecto que impulsa el Gobierno español para reformarla va a restringir ese derecho.

La plaza de Zeberio se llenó ayer para recordar la herida que sigue abierta en torno a aquellos hechos, donde la versión de la Policía franquista de que este militante de ETA se suicidó ha adquirido carácter oficial. Pilar Garaialde, en nombre de Egiari Zor, insistió en pedir verdad.

«Todavía hoy, no sabemos cómo ocurrió la muerte de Josu y aunque ha transcurrido medio siglo, nadie ha visto todavía el resultado del análisis forense, como nadie ha tenido acceso tampoco al informe pericial realizado tras los hechos», apuntó. Por ello, dijo que es hora de aclarar las circunstancias que rodean al caso.

Garaialde hizo mención al relato que desmiente la versión oficial y que asegura que el disparo que el zeberiotarra recibió en la cabeza fue realizado por la Policía que rodeaba el edificio. «Tras gasear la Policía el piso ocupado por Josu, este asomó la cabeza por una ventana con intención, al parecer, de respirar y, en ese momento, recibió el disparo que acabó con su vida», comentó.

«Es imprescindible abrir el oscuro baúl de las versiones oficiales, y a tenor de las investigaciones abiertas a través de la Ley 12/2016 podemos decir que teníamos y tenemos razones de peso para esa reivindicación. Porque como ha quedado de manifiesto en varios casos, la versión oficial fue construida para ocultar verdaderos crímenes», reiteró la representante de Egiari Zor.

Garaialde indicó que la documentación que podría aclarar la muerte de Artetxe «sigue hoy blindada por una ley preconstitucional». «Que la derogación de la Ley de Secretos Oficiales no sea a día de hoy una realidad, es una prueba más de la precaria calidad democrática vigente y de la falta de voluntad para clarificar este y otros casos, ocurridos durante el franquismo, la transición y la supuesta democracia», denunció.

La razón, sostuvo, «es que saldría a la luz la verdad sobre la transición, la guerra sucia, el 23F, el plan ZEN, el informe Navajas, o los GAL».

La fundación mostró su más enérgico rechazo a los plazos de desclasificación que marca la propuesta de reforma de esta ley planteada por el Gobierno español. «Es hora de que la verdad salga de la sombra a la luz, llevamos demasiado tiempo esperando y conocer la verdad es nuestro derecho», defendió.

«Está claro que esta ley es un mecanismo legal que restringe nuestro derecho a saber la verdad. Que seguirá siendo un obstáculo en el reconocimiento de las personas que sufrimos la violencia del Estado», lamentó.

«SERVIRÁ PARA PERPETUAR LA IMPUNIDAD»

«Servirá para perpetuar la impunidad de los responsables de nuestro dolor y la posibilitará ante posibles nuevas comisiones o comportamientos contrarios a los derechos humanos», argumentó. Esa impunidad, añadió Pilar Garaialde, «no solo ha permitido que ocurran estos crímenes, sino también perpetuarlos durante décadas, creando en muchas de nosotras la convicción de que la ‘injusticia española’ es también responsable de la tragedia humana vivida».

Al estar el monopolio de la violencia, la verdad y la justicia en manos del Estado, no les extraña el «desequilibrio» con que la justicia ha actuado. «Un modelo que vierte todo el peso de la ley sobre unos agentes violentos y en cambio a otros agentes violentos, en particular a los responsables de nuestro sufrimiento, los cubre de impunidad. ¿Es este un modelo de justicia válido?», se preguntó.

No creen en un modelo de justicia que olvida unas responsabilidades y consecuencias del conflicto y perpetua otras. «No esperamos nada de este modelo de justicia», subrayó.

Su apuesta pasa por «un modelo de justicia que respete los derechos de las víctimas y que, a su vez, responda a la necesidad de llegar a un escenario de convivencia que supere las consecuencias generadas durante décadas de violencia». «De lo contrario -apostilló-, no estaríamos apostando por un marco integral de convivencia democrática, sino a favor de un marco convivencial basado en el esquema de vencedores y vencidos, que legitima la violencia del Estado y refuerza la impunidad de determinados responsables».

Para la fundación, el concepto de convivencia democrática exige superar las consecuencias de la confrontación armada, garantizar todos los derechos de todas las personas, pero también abordar las causas de un conflicto de naturaleza política. «Una sociedad que aspira a desarrollarse sobre una convivencia democrática, debe necesariamente, poder ejercer el derecho a decidir libremente su presente y su futuro».