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Presentadas más de tres mil alegaciones contra el proyecto eólico de Artzentales-Sopuerta

La plataforma Enkarterrin Makroeolikorik Ez ha registrado mas de tres mil alegaciones populares contra el proyecto de la central eólica en el cordal Alen-Mello, que afecta a varios municipios.

Concentración contra el proyecto de central eólica Artzentales-Sopuerta.
Concentración contra el proyecto de central eólica Artzentales-Sopuerta. (Aritz LOIOLA | FOKU)

La plataforma ciudadana Enkarterrin Makroeolikorik Ez ha promovido una campaña de alegaciones populares contra el megaproyecto “Parque Eólico Artzentales-Sopuerta”, propuesto por la empresa Euskal Haizie S.L. en los términos municipales de Artzentales, Sopuerta, Galdames, Muskiz, Zalla y Gueñes. Así, esta semana ha entregado a la Delegación Territorial de Administración Industrial de Bizkaia más de tres mil alegaciones, solicitando la desestimación total del proyecto.

El documento promovido es una alegación contra «la industrialización de las montañas» y contra el «modelo macrorrenovable que empobrece a la población de los territorios afectados en beneficio de los grandes capitales».

En la recogida de firmas se han involucrado personas y colectivos de los pueblos afectados por el proyecto, así como de otros pueblos de Enkarterri y de Euskal Herria. También han recibido el apoyo de los grupos municipales independientes Karrantza Zabala, Zalla Bai y CLI de Balmaseda y de los sindicatos CGT, CNT, ELA y ESK.

«Esta campaña muestra que existe un amplio rechazo ciudadano a estos megaproyectos y un compromiso popular para la defensa del territorio, más allá de las poblaciones afectadas directamente», expusieron desde la plataforma ciudadana Enkarterrin Makroeolikorik Ez.

También han difundido en sus redes otras alegaciones técnicas, que se han puesto a disposición para la entrega individual. Por este motivo, consideran que el número de alegaciones promovido por la campaña es mucho mayor.

La plataforma también ha pedido a los ayuntamientos de los municipios afectados más pasos administrativos para «proteger las zonas afectadas ante una posible industrialización» del monte.