La Ley de Educación de la CAV ha salido adelante con los votos del PNV y PSE, un escenario que nadie contemplaba hace unos meses. Era la opción más pobre, la menos ambiciosa, la menos viable si de lo que se trata es de hacer una norma capaz de responder a los gigantescos retos educativos y funcionar al menos para una generación. Iñigo Urkullu fue el único que expresó esa posibilidad en alto, recordando que el Gobierno tenía mayoría suficiente. Su recta final va a estar marcada por sus obsesiones, y la mala conciencia del partido le va a dejar que incida en una línea que ven fatídica.

El camino que empezó en abril de 2022 con un acuerdo que reunía al 91% del Parlamento de Gasteiz ha llevado a una ley apoyada por el 54%. En el camino, el Pacto Vasco por la Educación ha perdido más de un tercio de sus votos, el apoyo de la comunidad educativa -cuyas posturas a su vez se han atomizado y polarizado en base a dogmas e intereses-, de la mayoría sindical y del movimiento en favor del euskara.

El contexto político no ha ayudado. En el lado gubernativo, a las fobias del lehendakari se suma el peso político menguante del consejero Jokin Bildarratz. En general, los problemas internos del PNV y su vértigo a proponer alternativas al pacto de hierro con el PSE han facilitado la desleatad y el veto de su socio.

La reivindicación de Eneko Andueza de haber impedido «una ley para la construcción nacional» dice mucho sobre sus principios. Para el PSE el euskara es sinónimo de nacionalismo vasco, y ellos tienen las misión de defender no solo al castellano, sino a los que no quieren aprender euskara. Menos mal que no eran nacionalistas y que no había que «politizar las lenguas». Cuando suscriben que hay que adaptar la enseñanza a la situación sociolingüística de cada lugar no hablan de invertir más donde más hace falta, sino de rebajar el euskara. Y el PNV lo sabe.

El histrionismo y el electoralismo de Andueza son descorazonadores. Si el PSE piensa que su perfil de votante es la mezcla de un nostálgico de Unidad Alavesa y otro de Ciutadans, más vale que confíen en la inercia de Pedro Sánchez, que como bien dijo Jesús Eguiguren, «a este ritmo va a ser más vasquista que el PSE». Esos votantes ya tienen abogados, son PP y Vox.

En el otro lado tampoco todo ha sido edificante. En perspectiva, el cambio de postura de EP-IU distorsionó debates y focalizó en ellos los problemas, cuando era el PSE quien no creía en las bases del pacto.

Demasiadas veces, las posturas publicas no han concordado con las privadas. Además, algunos reniegan de sus genealogías de lucha, de los proyectos colectivos y de las personas gracias a cuyo compromiso se ha mantenido vivo el euskara y desarrollado proyectos pedagógicos alternativos. Equiparar a una ikastola con una escuela del Opus o a un centro de FP concertado con un colegio inglés es una parodia. Estigmatizar a miles de estudiantes y familias no es pedagógico, distorsiona la realidad educativa y facilita una defensa corporativa que oculta los problemas reales, que los hay y son importantes.

Los objetivos del Pacto, la reordenación del sistema a través del Servicio Público Vasco de Educación, un avance real en la euskaldunización y combatir de veras la segregación, han quedado diluidos en la Ley. Se entremezclan, además, con otros debates cruciales y pendientes, como la función pública, el espacio comunitario, la migración y la ciudadanía.

El candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, fue uno de los principales impulsores del Pacto por la Educación. No concederle una victoria puede estar entre los cálculos del PNV, aunque sea a cambio de una ley coja. No obstante, Otxandiano, Imanol Pradales y el resto de candidatos deberán revertir las taras sociopolíticas que ha desnudado este proceso. Para empezar a hacer las cosas bien hay que dejar de hacerlas mal. Que Urkullu convoque elecciones ya.