El Gobierno español ha decidido mantener la mayoría de las ayudas anticrisis que ha aprobado estos últimos años y que conforman lo que se ha conocido como escudo social. Entre ellas destaca la prórroga de las ayudas al transporte y la reducción o supresión del IVA a los alimentos. Sin embargo, retirará gradualmente las rebajas a los impuestos a la luz y el gas. El martes EH Bildu señaló que también había logrado prolongar la prohibición de desahuciar a las personas vulnerables durante 2024, en línea con una de las prioridades de su actividad en Madrid: la de trabajar para lograr mejoras sociales para las clases populares.

Una noticia que contrasta con el acuerdo impulsado por el PNV con el Ejecutivo de Sánchez que modificará el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas: a partir de ahora, podrán deducirse las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y con la descarbonización. De este modo, las amenazas lanzadas por el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtiendo de que ponían las inversiones estratégicas de la petrolera en «cuarentena», han dado sus frutos. El PNV logra, además, que el impuesto pase a ser gestionado por las haciendas forales, a pesar de su posición contraria, lo que puede significar nuevas rebajas en el futuro.

En conjunto, el Gobierno español ha optado por mantener el escudo social haciendo caso omiso a la recomendación de la Comisión Europea. Bruselas lleva todo el año presionando para que elimine todas las medidas de alivio de los efectos de la inflación en las economías de las familias más humildes y vulnerables. Su argumento no es ni de eficiencia económica ni de justicia social, es una cuestión de principios: suponen un gasto que dificulta que se cumpla con los criterios de austeridad fiscal. Algo imperdonable cuando, tras varios años en suspenso, se acaban de acordar las nuevas reglas, cuyo principal artífice, el exministro de Economía alemán, Wolfgang Schäuble, murió precisamente ayer. Por desgracia, su legado profundamente injusto, autoritario y antidemocrático continúa muy vigente en Bruselas, pero no ha conseguido apagar la lucha por un sistema más justo y humano.