El martes, el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Nafarroa, José María Aierdi, confirmó, por segunda vez en el Parlamento foral, que una empresa de Artaxona ha estado recibiendo líquidos residuales de la incineradora de Zubieta. Reconoció que estaban incorrectamente etiquetados, que se han contabilizado 5.563 toneladas y que son «ecotóxicos». Informó de que la empresa no tenía autorización para tratarlos; que se dedica a la fabricación de compost y fertilizantes y preocupa que se hayan podido contaminar. También recibía lixiviados de otra empresa de Tutera, aunque dejó de admitirlos cuando fue denunciada, no así los de Zubieta. Tiene asimismo denuncias por haber derramado líquidos, lo que ha llevado finalmente al Ejecutivo navarro a ordenar el cierre de sus instalaciones. Hay además diligencias abiertas en los juzgados de Gipuzkoa y la Guardia Civil se encarga de la investigación.

En este contexto, el diputado de Sostenibilidad de Gipuzkoa y presidente de GHK, José Ignacio Asensio, volvió a comparecer públicamente ayer, básicamente para asegurar que lo dicho por Aierbe era falso. Dijo que la incineradora había hecho todo bien y que el problema lo tenía Nafarroa con esa empresa. Reconoció que tuvo una reunión con Aierbe el 15 de enero en la que entregó toda la documentación a su homólogo pero, a juzgar por lo sucedido, no resultó muy convincente. No es extraño, toda vez que los códigos hablan de un residuo sólido, pero la empresa de Nafarroa recibía residuos líquidos. Además, los expertos señalan que la incineradora no debería producir ningún líquido residual. De modo que, lo quiera Asensio o no, toda la atención se vuelve hacia la gestión de la incineradora de Zubieta, cuyo pomposo nombre ya no oculta el desastre medioambiental que ha provocado.

El colapso del vertedero de Zaldibar, la desastrosa gestión de la incineradora de Zubieta y ahora el traslado de residuos tóxicos de un sitio a otro sin ninguna clase de control indica que, a pesar de la amplia legislación medioambiental existente, la estrategia de las administraciones públicas sigue siendo, básicamente, esconder la porquería debajo de la alfombra.