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Burkina Faso, Mali y Níger abandonan la Cedeao en otro paso de ruptura

Las juntas militares de Burkina Faso, Mali y Níger dieron otro paso en la ruptura con la organización de los estados de la región, la Cedeao, a la que acusan de suponer una amenaza y estar instrumentalizada por el Estado francés. Anunciaron el abandono del bloque, que tendrá consecuencias para la circulación de personas y mercancías.

Manifestantes contra la Cedeao en Uagadugu, con banderas rusas.
Manifestantes contra la Cedeao en Uagadugu, con banderas rusas. (Issouf SANOGO | AFP)

Los regímenes militares en el poder en Burkina Faso, Mali y Níger anunciaron la retirada de sus países de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao), un nuevo acto de ruptura con esta organización, «asumiendo todas sus responsabilidades frente a la historia y respondiendo a las expectativas, preocupaciones y aspiraciones de sus poblaciones».

Esta decisión podría tener efectos considerables, por ejemplo, para la circulación de mercancías y personas para los tres países afectados, sin acceso al mar, y para la región. Así, tiene implicaciones para las exenciones de visas y exenciones de impuestos, con efectos en cadena sobre los precios.

Los tres países, enfrentados a problemas similares de inseguridad, yihadismo y pobreza, han tenido relaciones tensas con la Cedeao desde que los militares tomaron el poder por la fuerza, en 2020 en Mali, en 2022 en Burkina Faso y en 2023 en Níger.

La Cedeao, una organización de 15 países miembros, ha presionado e impuesto sanciones para que restituyan el poder civil. Suspendió a los tres países de sus procedimientos; impuso fuertes sanciones contra Mali y Níger y llegó incluso a amenazar con utilizar la fuerza en este último país. Las medidas, sin embargo, han tenido poco efecto hasta la fecha, aunque sí consecuencias económicas.

La Cedeao, «bajo la influencia de potencias extranjeras, ha traicionando sus principios fundacionales, se ha convertido en una amenaza para sus Estados miembros y sus poblaciones», señala el comunicado conjunto de los tres países, que consideran que la antigua potencia colonial francesa está instrumentalizando la organización regional.

ÚLTIMO ACTO

La retirada de la Cedeao es el último acto de ruptura por su parte. Expulsaron a los embajadores y a las fuerzas militares francesas desplegadas en los tres países y se volvieron política y militarmente hacia Rusia, incluso con la entrada de la empresa de mercenarios Wagner.

En septiembre del año pasado crearon la llamada Alianza de Estados del Sahel (AES), una coalición militar centrada específicamente en la lucha contra el yihadismo, pero que también implica el apoyo mutuo ante una eventual intervención de la Cedeao.

Las tres juntas militares destacan que, tras 49 años de existencia, «la organización se ha alejado de los ideales de sus padres fundadores y del panafricanismo».

Acusan a la organización de no haberles ayudado frente a los yihadistas que arrasan desde 2012, primero en Malí y luego también en sus dos vecinos, matando a miles de combatientes y civiles y provocando el desplazamiento de millones de personas.

También denuncian que «las sanciones ilegales, ilegítimas, inhumanas e irresponsables» impuestas por la Cedeao han debilitado aún más a poblaciones ya golpeadas por años de violencia.

En Mali, los militares en el poder desde hace casi cuatro años bajo el liderazgo del coronel Assimi Goita se habían comprometido a organizar elecciones en febrero de 2024, pero pospusieron el plazo hasta una fecha desconocida.

En Burkina, el capitán Ibrahim Traoré afirmó, tras tomar el poder el 30 de septiembre de 2022, que mantendría los compromisos asumidos por su predecesor, el teniente coronel Paul Henri Damiba, de celebrar elecciones en el verano de 2024. Desde entonces, el régimen ha indicado que la lucha contra los grupos yihadistas es la prioridad.

En Níger, el bloqueo comercial ha hecho subir los precios de los alimentos y ha creado una escasez de productos esenciales. Unos días después del golpe, el general Abdourahamane Tiani declaró que el período de transición no excedería los tres años. La duración exacta debe fijarse en un «diálogo nacional« que aún no ha comenzado.