El Consejo de Estado francés ha atendido la demanda presentada por distintas asociaciones y lo ha hecho para retocar la redacción de un artículo del código que rige los derechos de los extranjeros y el derecho de asilo o Ceseda.

Esa modificación viene a poner límites al derecho de las autoridades francesas a denegar «en toda circunstancia y sin ninguna distinción» la entrada de personas extranjeras en su territorio, aplicando de facto una política generalizada de retorno desde la propia frontera, en el marco de la vuelta de los controles que reintrodujo París en 2015.

El Consejo de Estado anula precisamente la redacción incluida en Ceseda en base a la cual la Policía gala procede a la expulsión de personas que tratan de entrar «de manera irregular» en el Hexágono.

En esa resolución, datada el 2 de febrero, la alta institución sostiene explícitamente que corresponde al legislador definir las normas aplicables a la situación de las personas que los servicios policiales pretenden reenviar de vuelta hacia otro Estado miembro del espacio Schengen con el que el Estado francés mantiene acuerdos de readmisión, como sucede, entre otros, con el Estado español, pero también con Italia.

No solo las asociacioes, también la Defensora de los Derechos francesa había remarcado en su informe al Consejo de Estado que los procedimientos de readmisión, particularmente en Italia, eran «poco habituales», alertando así sobre prácticas de denegación de entrada.

Un acuerdo de readmisión permite facilitar la expulsión de personas extranjeras agilizando los trámites, pero siempre que se respete «un marco legal sobre la detención, los recursos y la posibilidad de solicitar el asilo».

PRÁCTICAS ILEGALES

Según señalan las asociaciones que denuncian las vulneraciones de derechos que se derivan de la reposición de fronteras internas en la UE, tras ocho años de batallas judiciales, «el Consejo de Estado pone fin a las prácticas ilegales de la Policía francesa, en particular en lo que respecta al confinamiento de personas fuera de cualquier marco legal y sin tener en cuenta su derecho básico a la libertad».

Así lo hace constar La Cimade, que añade que, con esa decisión, el Consejo de Estado refuerza las disposiciones de Ceseda «destinadas a proporcionar un marco y unas garantías mínimas», además de recordar la obligación de «respetar el derecho de asilo».

La decisión del Consejo de Estado francés se conocía en vísperas de que, coincidiendo con la jornada destinada a denunciar las muertes en frontera, ayer, en Hendaia y Donapaleu, los ciudadanos reclamaran que «migrar es un derecho».

Etorkinekin Diakité, federación impulsora de esas concentraciones, pidió, además, que se garanticen tránsitos seguros para que las personas migrantes no se vean abocadas a arriesgar su vida tratando de franquear la frontera.