EH Bildu anunció ayer que presentará recurso ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa contra el archivo de una denuncia presentada en el marco del «caso Bidegi», cuyo carpetazo por el Juzgado de Azpeitia fue anunciado por la Diputación la semana pasada.

En una comparecencia en las Juntas Generales, el represnetante soberanista Oskar Bordes recordó que esa querella (1368-2014) reclamaba que se investigaran las causas de los «sobrecostes millonarios» en la construcción de dos tramos -Arrasate norte y Eskoriatza norte- de la carretera AP-1.

La denuncia fue presentada en noviembre de 2014 por el Gobierno foral, entonces en manos de la coalición soberanista. Se apuntaba concretamente a la responsabilidad de tres personas por el supuesto pago de 3,4 millones de euros por trabajos que «no fueron ejecutados». Se trataba de un exresponsable de Bidegi, un responsable de la dirección de obra y un miembro de la empresa contratista.

El viernes de la semana pasada, la actual responsable de Infraestructuras Viarias, María Ubarretxena (PNV), adelantó el contenido de la sentencia antes de que el auto fuera remitido a los medios. En el documento, de apenas tres folios, se daba por bueno que en la denuncia pudieron incluirse cálculos «erróneos» y se añadía que en cualquier caso la Diputación no habría sido perjudicada económicamente.

TERCER INFORME

«Creemos que los tribunales se han negado, al igual que se hizo con la querella 510-2015, a practicar diversas diligencias, entre ellas la solicitud y presentación de un tercer informe pericial, más allá de los informes periciales presentados por la partes implicadas», apuntó Oskar Bordes. «Hay que recordar, en relación con la querella 510-2015, que la opción del tercer informe pericial no está clarificada todavía. Eso es exactamente lo que la Fiscalía ha demandado en más de una ocasión a lo largo de este proceso judicial», añadió.

Esta segunda querella hace referencia en concreto a una liquidación extra de 40,7 millones de euros a las constructoras del tramo Arlaban-Eskoriatza. Con ello, la empresas acabaron recibiendo en total un 55% más del precio de adjudicación de la obra.

La Diputación gobernada por EH Bildu presentó otra denuncia en el años 2015. La Fiscalía Provincial de Gipuzkoa reclamó la elaboración de un informe pericial independiente, pero el titular del Juzgado de Primera Instancia número de 2 de Azpeitia consideró que su elaboración tendría un «elevadísimo coste», por lo que desestimó la propuesta.

«DERECHO A CONOCER»

En este escenario, el Ministerio Público reclamó el sobreseimiento de la causa, que finalmente fue decretado por la jueza en septiembre de 2023. También se ha presentado recurso contra esta decisión.

«Creemos que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ha utilizado este dinero público», subrayó ayer el juntero de EH Bildu, quien criticó a la diputada general, Eider Mendoza, y a la responsable de Infraestructuras Viarias, María Ubarretxena, al entender que «ambas han hecho caso omiso a la imparcialidad que conllevan sus cargos y han preferido llevar a cabo una estrategia con un claro tinte partidista».

Ubarretxena denunció el viernes que estas querellas «solo buscaban desprestigiar al rival político» y que han generado «un daño irreparable a demasiadas personas».