En este país para cobrar la nómina hay que tener una cuenta corriente en un banco. También es necesaria para contratar un buen número de servicios. Además, los pagos en efectivo están limitados por ley a 1.000 euros. Cada vez son más las normas que obligan a abrir una cuenta corriente que solo la pueden ofrecer aquellas instituciones financieras que tiene ficha bancaria. Una situación de monopolio de la que los bancos se han aprovechado de manera desalmada: han cobrado comisiones por todo, han cerrado sucursales y cajeros, han despedido a miles de trabajadores, han restringido el horario para realizar determinadas operaciones. Hasta tal punto se han lucrado con las comisiones que el Gobierno español se vio obligado a establecer una cuenta de pago básica con una comisión máxima de 36 euros anuales, y el pasado diciembre prohibió el cobro de comisiones a los mayores de 65 años por sacar dinero en ventanilla. No solo cobran a la gente por su dinero sino que además recolectan información valiosa de todos sus clientes. Así no es extraño que hayan registrado beneficios récord en 2023.

Tras acabar con todas sus oficinas no rentables y dejar a buena parte del país sin servicios financieros, al Ejecutivo de Lakua se le ha ocurrido la brillante idea de abrir una línea para subvencionar la instalación de cajeros automáticos en 64 municipios rurales. La noticia no dice expresamente para quién será la subvención, aunque los únicos que pueden optar a ella son precisamente los bancos. De este modo podrán añadir a sus enormes beneficios una subvención por proporcionar servicios bancarios a la gente. ¿Pero no era precisamente porque cumplían esa función pública que el Estado les permitía mantener el monopolio de las cuentas corrientes?

Si esas entidades no cumplen su cometido de ofrecer servicios bancarios a la ciudadanía, máxime cuando crecen las exigencias legales para no realizar pagos en metálico, lo lógico sería que la propia administración lo hiciera. En vez de subvencionar a los bancos, tal vez haya llegado el momento de que la administración disponga de servicios bancarios gratuitos para una ciudadanía harta de que abusen de ella.