El Juzgado de Instrucción nº 1 de Barakaldo dictó auto de apertura de juicio oral contra otro exalcalde de Alonsotegi, un arquitecto asesor y cuatro contratistas acusados de urdir un plan para cobrar 2,2 millones de euros de subvenciones del Gobierno español y Diputación por obras para reparar daños de unas inundaciones en junio de 2008 que no se ejecutaron. La resolución se comunicó un día antes de que la Audiencia de Bizkaia diese a conocer la sentencia absolutoria contra cuatro acusados de participar en un fraude de similares características, pendiente de que sea apelado por la Fiscalía y las acusaciones ante el TSJPV.

En esta causa, pendiente de los escritos de las defensas para fijar la fecha, están implicados el arquitecto asesor Alberto Zulueta, los directivos de Laneder Construcciones Francisco Javier Bediaga y Eduardo Ibarra; el alcalde entre 2007 y 2011, Aitor Santisteban; y Roberto Fernández y Saúl Fonseca, de Proyectos y Obras Pabisa, ahora Campezo Obras y Servicios.

La Fiscalía estima que hay suficientes pruebas de que esas seis personas y otra que falleció -el aparejador Juan Torrontegi- se pusieron de acuerdo, «con el ánimo de obtener un beneficio económico ilícito», para aparentar una serie de obras y obtener financiación de la Diputación y Gobierno español.

«MODUS OPERANDI» SIMILAR

«Para crear dicha apariencia e incorporar a su patrimonio los fondos indicados -cerca de 2,2 millones de euros-, tramitaron expedientes a los que dieron contenido elaborando ofertas, informes, memorias, actas, certificaciones y facturas que no se ajustaban a la realidad», sustentadas por decretos de Alcaldía rubricados por Aitor Santisteban. Modus operandi similar al que siguió su sucesor, el fallecido José Luis Erezuma, que reconoció los hechos.