La Coordinadora de Vivienda de Euskadi y la plataforma Stop Desahucios cargaron este miércoles contra el recurso presentado por el PNV contra la Ley de Vivienda estatal, aceptado a trámite por el Tribunal Constitucional.

En un comunicado conjunto, denunciaron que la formación jeltzale, «bajo el pretexto de invasión competencial, deja la limitación de los alquileres sin contenido y sin alternativas cuando habían expresado antes que la Ley de Vivienda vasca no puede limitar los alquileres especulativos en la CAV y que se necesitaba un marco legal estatal».

«En resumen, si la ley estatal es inconstitucional por invadir competencias no reguladas en la Ley de Vivienda Vasca, la conclusión es que los fondos buitres, especuladores grandes y particulares podrán seguir especulando con la vivienda, aumentando los precios de los alquileres, lo que traerá como consecuencia demandas por impago de rentas y miles de vascos y vascas sin acceso a una vivienda digna y asequible», destacaron.

MUNICIPIOS TENSIONADOS

Asimismo, recordaron que «estamos llevando a cabo una serie de reuniones en los municipios tensionados para acelerar la elaboración de la memoria justificativa y el plan de vivienda necesarios».

En este sentido, pidieron a «la Consejería en funciones y a la que resulte de las elecciones que envíen la petición documentada de municipio tensionado al Ministerio de Vivienda».

Y solicitaron que las haciendas forales envíen los datos de sus contribuyentes al Ministerio para la elaboración de los índices de referencia de los precios del alquiler en las zonas tensionadas de la CAV.

«Confiamos en que en los próximos meses muchos ayuntamientos vascos de los 41 tensionados puedan limitar los alquileres porque las Juntas Generales de los tres territorios hayan enviado los datos de los contribuyentes al Ministerio de Vivienda sin demora partidista alguna».

Insistieron en que, «mientras el Constitucional no emita sentencia, la Ley de Vivienda permanecerá vigente en todos sus efectos». «Sigue vigente y debe ser cumplida y desarrollada en Euskadi», destacaron.

50 diputados del PP en el Congreso de los Diputados, el Parlament catalán y los Consejos de Gobierno de Andalucía, Baleares y Madrid también han presentado recursos a esta norma, ya admitidos a trámite. Los recursos de inconstitucionalidad de la Generalitat de Catalunya y de la Xunta de Galiza están pendientes de ser admitidos.