Iberdrola ha presentado una demanda contra Repsol centrada en la Ley de Competencia Desleal por blanqueo ecológico o greenwashing en pu- blicidad, una medida inédita que está generando notable revuelo. La demanda fue presentada el 21 de febrero en los Juzgados de lo Mercantil de San- tander y se interpone al amparo de los artículos 5, 7 y 18 de la ley, que versan sobre actos de engaño, omisiones engañosas y publicidad ilícita en el marco de campañas de publicidad y comunicaciones corporativas.

Según la parte demandante, Repsol se está publicitando como una compañía sostenible, líder en la transición energética, que protege el medio ambiente y que trabaja por la reducción de la huella de carbono y la mitigación de los efectos del cambio climático. Por su parte, fuentes de Repsol dicen que esta iniciativa es fruto del «nerviosismo» de Iberdrola a tener que actuar en un mercado cada vez más competitivo y donde en el último año ha perdido clientes.

Desde Iberdrola afirman que hay un total de quince referencias en la web de Repsol que constituyen greenwashing, así como tres campañas publicitarias en concreto: “Biocombustibles avanzados, una alternativa para la movilidad” (enero 2023), “Hidrógeno renovable” (enero 2023) y “Conectar energías” (marzo 2023).

Las mismas fuentes recuerdan que Repsol ha sido sancionada ya en dos ocasiones por greenwashing por la Advertising Standards Authority (ASA) en Reino Unido debido a campañas con mensajes similares a las del Estado español. Además, tuvo que retirar una campaña que decía: «En Repsol desarrollamos biocombustibles y combustibles sintéticos para conseguir cero emisiones netas».

Según la demandante, Repsol, pese a promocionar iniciativas sostenibles, en su oferta multiproducto busca fomentar el uso de carburantes, y aunque centra su publicidad en la sostenibilidad, este es un «elemento menor» de sus actividades, además de omitir en sus comunicaciones su actividad principal y los verdaderos efectos para el medio ambiente de sus productos y servicios. Además, las fuentes de Iberdrola indican que Repsol, que es la firma del Estado español con mayor emisión de gases de efecto invernadero, en sus comunicaciones se autodefine como líder en sostenibilidad y transición energética.

LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

Para la demandante, las campañas de Repsol constituyen una infracción también a la Ley de Competencia Desleal, al incluir actos de engaño y omisiones engañosas sobre su compromiso medioambiental.

Iberdrola pide en la demanda que se le condene a cesar en ellos, se le prohíba su reiteración en el futuro y que se destruyan «mercaderías, embalajes de productos, cartelería, entregables y folletos publicitarios, correspondencia comercial, videos o grabaciones acústicas, o cualesquiera otros materiales destinados a hacer llegar a los consumidores los contenidos publicitados».

Asimismo, solicita que la sentencia que emita el juez se publique en el apartado Sala de Prensa de la web corporativa de Repsol, y en radio y televisión al menos una vez al día durante una semana, en los mismos canales y la misma franja horaria y duración que tuvieron los contenidos declarados ilícitos, así como en dos periódicos de mayor circulación estatal, y redes sociales.

Fuentes de Iberdrola indican que Repsol omite deliberadamente información relevante en sus comunicaciones, como que en 2022 aumentó sus emisiones de CO2 un 16%, siendo el mayor emisor de CO2 del Estado, según el Informe Descarbonización 2023, del Observatorio de Sostenibilidad (OS) y la consultora Grandmother. Además, dice que destinó el 82% de sus inversiones en 2022 a combustibles fósiles y solo el 0,82% a la producción de energía renovable, a lo que se añade que sólo el 0,4% de sus ingresos provino ese año de actividades de generación renovable.

Fuentes de Repsol señalan que lo que ellos ofrecen es una propuesta que es única en la Península Ibérica. Algo que, afirman, ha sumado 246.000 nuevos clientes de electricidad en el Estado en 2023. Un año en el que fue el operador con más altas y en el que superó los 2,1 millones de clientes, lo que, añade, ha generado «nerviosismo en Iberdrola», que dicen que no está acostumbrada a manejarse en un marco competitivo, sino más bien a depender de las reglas propias de un mercado regulado.

RIBERA: «NO PODEMOS PEDIR UN RECREO»

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó ayer en Bilbo, donde acudió al congreso WindEurope, «la novedad» que supone que Iberdrola considere en su demanda contra Repsol por blanqueo ecológico o greenwashing que «eso puede ser considerado competencia desleal». Según dijo, «la novedad de esta demanda, que tendremos que ver qué recorrido tiene, es que hay una compañía que considera que eso puede ser considerado competencia desleal, que puede estar generando distorsión a la hora de que los consumidores se decanten por uno u otro producto». A su juicio, «es relevante el hecho de que cada una de las compañías en nuestro país sean lo más exigentes posible con respecto a esa confianza que quieren que los consumidores depositen en ellos».

Además, apuntó que «queremos evitar que haya esas distorsiones en el mercado».

La ministra aseguró ser «absolutamente neutra» en este asunto, pero señaló que «sí» sabe dónde está: «Estoy en una agenda verde que no puede inducir a confusión y a error». Preguntada por qué le diría al CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, explicó que le pide que «siga yendo por la dirección de transformación de su compañía en una empresa de servicios energéticos coherente, compatible y diría congruente con esa necesidad de descarbonización, ese compromiso de dejar atrás combustibles fósiles que adoptamos en Dubai, con el respaldo de 190 países, incluidos los países productores de combustibles fósiles».

Según afirmó, «la agenda verde es importante. No podemos pedir un recreo a las alteraciones del sistema climático. Tenemos que seguir apostando por una transformación de nuestros sistemas productivos». «Detrás de la agenda verde hay gran esfuerzo, un gran compromiso económico y, sin embargo, y esto requiere confianza, que lo que se diga, lo que se anuncie, tenga una realidad detrás», añadió.

Ribera puso de relieve que en los últimos años han proliferado mensajes y anuncios «en torno a si un producto es sostenible o verde, y no siempre respondían a parámetros suficientemente claros y confiables». «Esto ha llevado -explicó- a que Reino Unido, por ejemplo, prohibiera la emisión de publicidad de algunas compañías petroleras por considerar que lo que estaban diciendo no se correspondía con una realidad verde. Ha llevado a que algunas asociaciones de consumidores y usuarios reclamen mucha más claridad, y esto ha llevado a la Comisión a proponer una directiva que regule el greenwashing, es decir, la publicidad engañosa presentando como verde, como sostenible lo que no es».

Según señaló, por parte de su Ejecutivo «tenemos que seguir vigilantes, trabajar en esa idea de claridad, de evitar publicidad engañosa».

Congreso con protesta en el BEC

El Ministerio español para la Transición Ecológica y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) firmaron ayer en el BEC una declaración de intenciones conjunta en la que se comprometen a reforzar la capacidad de fabricación del sector y avanzar en la incorporación de criterios en las subastas de eólica «más allá del puro precio». También se apuesta por avanzar en la visibilidad de la demanda y por promover la creación a nivel europeo de un sello de excelencia eólica tecnológica e industrial.

La declaración fue suscrita en la jornada inaugural del WindEurope 2024 que se celebra hasta mañana en el Bilbao Exhibition Centre, y que constituye la principal cita del sector eólico europeo. La vicepresidenta tercera y ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera y el presidente de la Asociación Empresarial Eólica, que aglutina a 350 empresas, Juan Diego Díaz, fueron los encargados de firmar la declaración después de que el pasado 19 de diciembre el Estado español, junto con otros 25 Estados miembro y el sector eólico europeo, suscribieran el European Wind Charter.

A la entrada del recinto se concentraron integrantes de Euskal Herria Bizirik, que protestaron frente a quienes «buscan alimentar esta nueva burbuja económica maquillada de verde». Por ello, instaron a «la inmediata suspensión de autorizaciones para instalar este tipo de proyectos, y de la tramitación actual del nuevo proyecto de PTS de Energías Renovables, por sus negativos impactos sobre la naturaleza, la economía, la historia y la cultura; porque hipoteca y vende al mejor postor nuestro territorio y por ser objeto de un amplio rechazo».

A su juicio, es «urgente» un «cambio de paradigma que ponga a las personas y la naturaleza en el centro del sistema, que aplique el concepto de salud en todas las políticas y, por tanto, considere los valores ecológicos como determinantes de la misma en este contexto de emergencia climática». GARA