La demanda de Iberdrola contra Repsol por el blanqueo medioambiental o greenwashing que practica la compañía que dirige Josu Jon Imaz ha sacudido el debate público sobre la lucha contra el cambio climático. En una primera impresión puede parecer que la denuncia subraya la importancia que han adquirido las cuestiones medioambientales en la gobernanza de las empresas, pero en la práctica lo único que hace es mostrar los límites de la actual estrategia de reducción de emisiones de CO2.

La querella se basa en la Ley de Competencia Desleal y acusa a Repsol por actos de engaño, omisiones engañosas y publicidad ilícita en sus campañas publicitarias y web corporativas, al presentarse como líder en sostenibilidad, cuando en realidad es el mayor emisor de gases del Estado. La defensa de Repsol apunta a que la causa de la demanda es la lucha por una mayor cuota de mercado que Iberdrola estaría perdiendo. De todo ello se deduce que las grandes corporaciones están instrumentalizando las políticas para frenar el cambio climático con el único objeto de afianzar su dominio sobre el mercado y debilitar la posición de sus competidores. Un resultado lógico cuando la estrategia que se ha seguido para reducir las emisiones pivota básicamente sobre el modo de influir en las corporaciones privadas para que inviertan en la reducción de emisiones. Hasta tal punto es así que las principales gestoras de inversión crearon en 2017 el grupo Climate Action 100+ con el objeto de presionar a las multinacionales en las que invertían para que tomaran medidas medioambientales. El resultado financiero no ha debido ser el esperado porque en lo que va de año han abandonado ese grupo las firmas de inversión JPMorgan, Pimco, Invesco y State Street.

La demanda de Iberdrola contra Repsol es una buena muestra del fracaso de las políticas medioambientales que hacen hincapié en el mercado. Enfocar la resolución de cuestiones públicas -y por tanto políticas- como una enorme oportunidad para ganar dinero está condenada al fracaso. Es precisamente la codicia de las grandes corporaciones la que obstaculiza cualquier avance en la reducción de emisiones.